Gobierno sale al quite al «vergonzoso» tema de la guajira

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El Gobierno Santos decidió salirle al quite  a  la andanada de críticas y explicar con ministros a  bordo la realidad y los alcances de las medidas  adoptadas para enfrentar la actual crisis que  afronta la Guajira, especialmente con lo relacionado con la muertes de varios niños por desnutrición,hecho que la lo había puesto en un «vergonzoso» cuestionamiento incluso de instancias internacionales.

Diecinueve días se tomó el Gobierno Nacional para responderle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con respecto a las medidas cautelares que emitió en favor de los niños y adolescentes de la comunidad wayuu,  expedidas el pasado 11 de diciembre.

El Gobierno, por su parte, envió una comunicación al organismo el pasado 30 de diciembre, explicando paso a paso qué se ha hecho para atender a esta población vulnerable y señalando por qué cree que las medidas cautelares deben revocarse.

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Lo primero que trató de dejar claro el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la rueda de prensa que ofreció ayer junto con otros representantes del Gobierno, es la cifra de niños afectados por desnutrición aguda en La Guajira.

Una situación que se ha prestado para todo tipo de especulaciones. Según Gaviria, son 4.770 niños los que se han visto afectados por problemas relacionados con desnutrición y acceso a agua.

En 2011, explicó el ministro, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición aguda era de 20 niños por cada 100 mil menores de cinco años. En 2013 fue de 32, y en 2015 ascendió a 30. Esto representa un aumento del 50% en un corto período.

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Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aclaró que la situación actual es atípica y se debe a una mezcla de factores como la sequía y los cambios en la frontera con Venezuela, pues La Guajira se abastecía de muchos productos venezolanos y, por supuesto, los niveles de pobreza. Desde su unidad, aseguró que se ha prestado una asistencia humanitaria con paquetes alimentarios y agua a más de 100 mil familias.

“Reconocemos que hace falta mucho por hacer, pero somos muchas las entidades del Gobierno que nos estamos coordinando para llegar con la mejor atención a un territorio que ha sufrido de muchos problemas durante varios años”, comentó Tatyana Orozco de la Cruz, directora del Departamento para la Prosperidad Social.

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En un intento por contener la lluvia de críticas por falta de más acciones en la región, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, recordó que se han invertido más de $260 mil millones en construcción de pozos y molinos en los últimos cinco años. “La idea es que la población sea autosuficiente en su producción agrícola y por eso se trabaja para dar agua para consumo humano y animal, así como para proyectos productivos”, dijo Iragorri.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, prometió que cuando termine el Gobierno la cobertura de agua potable llegará al 90%. Hoy ronda el 60%. Organizaciones como Oxfam están trabajando en asocio con el Gobierno para construir pozos que funcionen con energía eólica y solar.

Otra de las estrategias con las que el Gobierno intenta hacer frente a la crisis es la de cogestores, que tendrán como objetivo acompañar a unas 45 mil familias a través de visitas domiciliarias cada dos meses. Estos cogestores tendrán, además, la tarea de medir la masa muscular de los niños para detectar a tiempo casos de desnutrición.

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El pasado 11 de diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió la Resolución 60, que otorgó medidas cautelares de protección a los niños y adolescentes de la etnia wayuu en riesgo por falta de agua y alimentos. El 30 de diciembre, en una comunicación, la Cancillería solicitó a la CIDH revocar dichas medidas, “por cuanto se han acreditado y demostrado las medidas urgentes y de carácter estructural que el Gobierno Nacional viene aplicando a esta situación”.