Desfalco en contratos del ICBF en La Guajira salpica a Oneida Pinto gobernadora electa

Los principales señalados haber hecho parte de las irregularidades en la contratación fueron algunos ex funcionarios de la Alcaldía de Albania.

Avanza la investigación por presuntas irregularidades en contratos destinados a la atención en salud y alimentación de niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. Este martes se conoció que en el millonario desfalco de $2.217.066.931, estarían involucrados reconocidos dirigentes políticos del departamento.

Jan Keller Hernández Herazo, Alcalde de Albania.

Los principales señalados haber hecho parte de las irregularidades en la contratación fueron algunos exfuncionarios de la Alcaldía de Albania. El ex mandatario del municipio, Yan Keller Hernández, quien actualmente se encuentra prófugo, es uno de los señalados de haber pertenecido al proceso de corrupción.

Hernández fue alcalde de Albania de 2007 a 2011, después de la administración de Oneida Pinto, gobernadora electa de La Guajira. Durante este periodo Hernández era conductor de Pinto.

Emerson Pinto Oneida-Pinto

Entre los capturados también se encuentra Emerson Segundo Pinto, primo de la gobernadora electa y secretario de Salud durante el segundo periodo de ella en la Alcaldía. Además, el familiar de Pinto, se había presentado como candidato a la alcaldía de Albania. Es señalado de haber hecho intervenciones irregulares con el fin de que fuera asignado un contrato de servicios para reducir la mortalidad infantil en La Guajira.

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El secretario de transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, aseguró en declaraciones a RCN que “esto sigue demostrando que desafortunadamente los políticos siguen utilizando el sistema de salud para apropiarse de sus recursos. Todos los funcionarios de la Alcaldía que están involucrados en estas capturas tienen relación con ‘Kiko’ Gómez”.

De igual forma, según Enciso, la investigación que se adelanta indica que en el municipio de Albania se habría presentado un detrimento patrimonial cercano a los 3.000 millones de pesos. Esto, puesto que en los contratos, según el secretario de transparencia de la Presidencia, “hubo sobrecostos, hubo también simulación de beneficiarios y hay simulación de facturas’’.

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Ante un juez de Bucaramanga fue legalizada la captura de 16 personas detenidas por el desfalco millonario al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira.

Los señalados del robo de recursos destinados para el desayuno, almuerzo y un refrigerio a los menores de 5 años de edad, con desnutrición en La Guajira fueron 11 hombres y cinco mujeres.

Entre ellos se encuentran Maria Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de la “Fundación un Mejor Vivir”, una empresa fachada. Los demás son amas de casas, obreros, entre otros, que ahbrían prestado sus firmas para certificar que recibieron dichos refrigerios. Algo que nunca sucedió.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Cuarta Especializada de la Estructura de Apoyo del departamento uno de los operadores del servicio de alimentación conocido como Fundación un Mejor Vivir – con el cual el ICBF celebró contratos por más de 5.000 millones cada uno – cobró de manera fraudulenta este dinero con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes.

Según pudo establecer la Fiscalía con información de la Registraduría Nacional, 304 niños “fantasmas” recibieron los servicios del programa.

Además se encontró la alteración y falsificación de firmas que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística, así como aparentes pagos de viáticos al personal que prestaba el servicio de acompañamiento. La defraudación en este aspecto fue de $695.000.000.