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En la misma semana en que generó polémica el traslado a La Picota de , la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso señalados en las declaraciones Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales testigos del escándalo de la UNGRD.
La corporación concedió el beneficio a ambos excongresistas por vencimiento de términos, al cumplirse el plazo legal sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de juzgamiento.
Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido una coima de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.
Para tomar la decisión, la Corte determinó que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. La Corte también señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.
La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cerca de 18 millones de pesos, y firmen un acta de compromiso. Además, las autoridades deberán verificar que no sean requeridos por otro proceso.
Según testigos, los entonces congresistas habrían recibido compromisos económicos o políticos a cambio de impulsar proyectos de ley y reformas radicadas por el Gobierno Nacional que estaban en trámite en el Congreso. Las supuestas maniobras coincidieron con una serie de contratos de la entidad de gestión del riesgo que hoy son investigados por sobrecostos y desvío de recursos.
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