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Laura Camila Sarabia Torres, la exfuncionaria más poderosas e influyente del Gobierno de Gustavo Petro, fue imputada este lunes por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la orden para someter al polígrafo a Marelbys Meza, la mujer que cuidaba a su hijo menor de edad.
Sarabia, quien durante varios años fue la mano derecha del entonces presidente Petro Urrego, ocupó cargos como jefa de Despacho de la Presidencia, directora del Dapre y embajadora en Londres. Ahora enfrenta una investigación por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
Ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que las actuaciones que realizó estaban por fuera de sus funciones y que, aun así, decidió llevarlas a cabo. Para el ente acusador, su formación académica, experiencia en el sector público, cargo y conocimiento de la administración estatal le permitían comprender que estaba actuando de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en su apartamento. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.
El ente acusador reveló que Sarabia Torres envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, el abogado Andrés Fernando Parra Valverde, pero, que para la época no trabajaba, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la exempleada.
Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza.
En ese punto, al ser imputada, la Fiscalía explicó que la exembajadora no tenía facultades para activar aparatos de inteligencia del Estado ni para ordenar la práctica de un polígrafo a una persona que trabajaba para ella. Por eso, consideró que se habrían utilizado atribuciones que no le correspondían para resolver un asunto personal.
La Fiscalía señaló que la mujer dependía económicamente de su trabajo y que, por esa razón, se encontraba en una posición de vulnerabilidad frente a su empleadora.
Los tres delitos fueron imputados en modalidad dolosa. Es decir, la Fiscalía sostiene que la mujer conocía las actuaciones que estaba realizando y que actuó voluntariamente. En el caso del abuso de función pública y el constreñimiento ilegal agravado fue señalada como autora, mientras que en el peculado por uso fue imputada como determinadora.
Sarabia ya había anticipado que no aceptaría los cargos. Su defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, anunció que continuará en el proceso con el objetivo de demostrar que la exfuncionaria no cometió los delitos que le atribuye la Fiscalía.
Durante la audiencia, además, la Presidencia de la República se declaró víctima dentro del proceso, al considerar que también fue afectada por los hechos que son materia de investigación.
Por el escándalo de las interceptaciones ilegales (“chuzadas”) y las pruebas irregulares de polígrafo a Marelbys Meza (exniñera de Laura Sarabia), la justicia colombiana ya ha dictado sentencias condenatorias contra cuatro miembros de la Policía Nacional.
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