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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo protocolo nacional de orden público que faculta a la Policía Nacional para ingresar a los campus de las universidades públicas cuando se registren disturbios, actos de vandalismo o terrorismo.
El anuncio fue realizado mediante una alocución presidencial el domingo 13 de septiembre de 2026, bajo la premisa de que “la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”.
De La Espriella afirmó que la Policía Nacional (incluyendo fuerzas de control de disturbios como el antiguo ESMAD/UNDEMO) actuará como el primer respondiente para intervenir en las instalaciones cuando ello lo amerite.
El ingreso de la fuerza pública se ejecutará cuando se excedan los límites de la protesta pacífica y ocurran hechos de violencia, destrucción de infraestructura, ataques contra las autoridades o preparación de actos vandálicos dentro de los campus.
El mandatario enfatizó que las autoridades entrarán a las universidades para capturar y judicializar a quienes utilicen estos espacios con fines delictivos.
El Gobierno aseguró que se respetará y protegerá el derecho de los estudiantes que deseen manifestarse pacíficamente, debatir o estudiar.
El anuncio de esta nueva medida para combatir el terrorismo y vandalismo al interior de las universidades públicas ha abierto una fuerte controversia en el país entre diferentes sectores.
Figuras de la oposioón como el senador Iván Cepeda Castro y diversos académicos critican el protocolo argumentando que viola el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, las cuales blindan la autonomía universitaria frente a intervenciones externas.
El rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, señaló que este tipo de criminalidad debe combatirse mediante labores de inteligencia previas y capturas específicas en lugar de ingresos masivos de la fuerza pública.
De otra parte sectores afines al gobierno y alcaldes de ciudades como Medellín ,Federico Gutiérrez y Bucaramanga Cristian Portilla evalúan la medida como una herramienta necesaria para recuperar el orden e impedir que las universidades funcionen como “santuarios” al servicio de los violentos y exentos de ley.
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