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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un contundente balance de seguridad correspondiente a sus primeros 15 días de gestión tras asumir el cargo.
Bajo una estricta instrucción y mandato prioritario de recuperar el control territorial, el mandatario reportó significativos golpes operacionales ejecutados por la Fuerza Pública en contra de grupos armados como las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo.

Entre los resultados operacionales se destacan la ofensiva directa contra el ELN en el Tibú (Norte de Santander), la cual permitió la incautación de armas, munición de guerra y de 1.5 toneladas de explosivos y 440 granadas diseñadas para drones.

Igualmente la neutralización en Jamundí (Valle del Cauca) de Dubán Ramiro Castillo Cortés. alias “Max Max”, identificado como el principal cabecilla explosivista de la estructura criminal de la estructura Jaime Martínez de las Disidencia de las Farc que delinque en el Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca.
Otras acciones tiene que ver con los operativos conjuntos de la fuerza pública que facilitaron la liberación de personas secuestradas por estas organizaciones.
En cuanto a la lucha contra el Narcotráfico y Finanzas Criminales el mandatario destacó las Incautaciones masivas registradas en lo corrido de sus dos primeras semanas, en las cuales se incautaron 12,296 kilos de cocaína, 11,232 de marihuana y 114 de base de coca.
De igual manera se reporta la destrucción de infraestructura al servicio del narcotráfico con la inhabilitación de 162 laboratorios para la producción de estupefacientes y el decomiso de insumos mediante el retiro de circulación de más de 30,000 kilos de insumos sólidos y 47,465 galones de sustancias líquidas.

Con la cooperación internacional se ejecutó la operación “Zeus Arcano 3” junto a EE. UU. y República Dominicana, interceptando más de una tonelada de cocaína en aguas del Caribe.
Al reiterar los lineamientos de la Política de Seguridad de su gobierno prometida en campaña electoral , el mandatario reiteró que su estrategia no contempla la conciliación con las economías ilícitas, afirmando que “al cáncer del narcotráfico se le extirpa”.

Asimismo, ratificó el uso legítimo de la fuerza del Estado, otorgando un respaldo político absoluto a los nuevos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía bajo la premisa de someter a los grupos delincuenciales al imperio de la ley o enfrentarlos con firmeza absoluta, tanto en las zonas rurales como los cascos urbanos, tarea que ordenó a la nueva cúpula de las fuerza militares y los comando de policía.


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