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El ministerio tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro en Timbío en el Cauca endureció las obligaciones para garantizar tratamientos continuos. Sin embargo, actores del sector advierten que el problema es el flujo de recursos.
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Externa 017 de 2026 con nuevas instrucciones para que las EPS y los demás actores del sistema aseguren la entrega completa y oportuna de medicamentos, en medio de las constantes denuncias por retrasos, fórmulas incompletas y dificultades de acceso en distintas regiones del país, lo que se vuelve en un abuso,humillación y burla a los pacientes, los cuales se quedan esperando los medicamentos y nunca son entregados, pero si facturan al sistema, como una práctica corrupta de las EPS.
La medida, anunciada este 13 de mayo por el Ministerio, busca impedir que los conflictos administrativos, financieros o contractuales entre EPS, gestores farmacéuticos y proveedores terminen afectando la continuidad de los tratamientos médicos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, niños y personas en condición de vulnerabilidad.
Según el documento, las EPS deberán garantizar redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación para responder cuando existan fallas en la entrega de medicamentos. La circular establece que, si una fórmula no es entregada completamente y queda reportada como “pendiente”, el usuario deberá poder reclamar el medicamento restante en una red alterna de dispensación.
Además, el Ministerio ordenó fortalecer la entrega domiciliaria de medicamentos cuando existan pendientes en la dispensación. En esos casos, las entidades deberán garantizar que los medicamentos lleguen al paciente en un plazo máximo de 48 horas.
La nueva directriz también pone el foco sobre el riesgo de desabastecimiento y la dependencia de proveedores únicos. El Ministerio señaló que las EPS y demás entidades responsables tendrán que garantizar pluralidad de oferentes para los medicamentos a su cargo.
Cuando exista un solo proveedor en el mercado o haya riesgo de interrupción en el suministro, deberán activar planes de mitigación y mecanismos de importación de medicamentos vitales no disponibles, conforme a lo establecido en la Circular Externa 027 de 2025 y el Auto 525 de 2025 de la Corte Constitucional.
Otro de los puntos centrales de la circular es la exigencia de mantener un flujo oportuno y transparente de recursos hacia gestores farmacéuticos y proveedores, con el fin de evitar retrasos injustificados que puedan afectar la continuidad de los tratamientos.
El Ministerio también ordenó reportar las situaciones de escasez o desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos al Sistema de Monitoreo del Abastecimiento dispuesto por esa cartera.
De igual forma, hizo un llamado a las entidades territoriales para recibir denuncias y quejas de los usuarios frente a casos de no entrega parcial o total de medicamentos, con el propósito de facilitar acciones de inspección, vigilancia y control.
La circular contempla además un fortalecimiento de las acciones de inspección por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y de las secretarías territoriales.
En el documento, el Ministerio insiste en que los problemas administrativos, financieros o contractuales entre EPS, gestores farmacéuticos y otros actores “no pueden seguir afectando a los pacientes ni interrumpir sus tratamientos médicos”.
La cartera de Salud también recordó que ninguna entidad puede incurrir en prácticas que limiten la competencia o afecten el acceso oportuno a medicamentos, y reiteró que el centro de estas medidas son los pacientes y la garantía efectiva de sus tratamientos.
Sin embargo, desde distintos sectores relacionados con la prestación y dispensación de servicios farmacéuticos, han advertido desde hace meses que el problema no es la dispensación sino el flujo de recursos. Es decir: si las EPS no pagan, no se puede dispensar, porque la acumulación de deuda no garantiza el pago, como viene sucediendo con varias aseguradoras.
Aunque la circular ordena pagos oportunos y transparentes, en el sector persiste la preocupación por las deudas acumuladas y los retrasos en giros por parte de varias EPS, especialmente algunas que actualmente se encuentran intervenidas por el Gobierno.
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