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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha condenado enérgicamente el asesinato del periodista y estudiante universitario Mateo Pérez Rueda oriundo de Yarumal, ocurrido en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo este 8 de mayo de 2026.
La organización lamentó y rechazó el asesinato del comunicador, quien era director del medio digital El Confidente de Yarumal . Su cuerpo fue recuperado por una comisión humanitaria (CICR y Defensoría del Pueblo) entre las veredas Palmichal y El Hoyo.
El periodista de 23 años había sido desaparecido el 5 de mayo mientras realizaba labores de reportería sobre el conflicto armado y la corrupción en la región.
Versiones de habitantes de la región indican que fue interceptado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC, grupo al que se le atribuye el crimen bajo las órdenes de alias “Calarcá” y ejecutado presuntamente por alias “Chalá”,
A pocos meses de su llegada al departamento de Antioquia, Jhon Edison Chalá Torrejano, alias ‘Chalá’ ya es considerado como un objetivo de alto valor para la fuerza pública tras ser el principal responsable de la muerte de Mateo Pérez.
El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, advirtió que orden presidencial Chala “se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, un objetivo que debemos cumplir, la instrucción a la fuerza pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona”.
Sobre la trayectoria criminal de ‘Chalá’ se conoce que es uno de los hombres de confianza del máximo cabecilla de esa facción de las disidencias, alias ‘Calarcá’, y quien desde el sur del país lo habría enviado como refuerzo y relevo a la estructura que delinque en el Norte de Antioquia.
La FLIP cuestionó duramente al Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en zonas de conflicto, señalando que el periodismo regional sigue operando en condiciones de desprotección extrema.
La organización resaltó que este es el caso número 170 de periodistas asesinados en Colombia por razones relacionadas con su oficio desde 1977, siendo el 22 registrado en el departamento de Antioquia y el 8 en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables.
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