Mientras en Colombia se abre el debate sobre la legitimidad del Acuerdo Especial para blindar lo pactado entre el Gobierno y las Farc, ya se han exteriorizado diversas opiniones sobre el tema que indudablemente alborotó el avispero político del país, con variadas conceptualizaciones y apuestas sobre esta propuesta reveleda por el Jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana.
Desde Cuba, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, celebró este avance y afirmó que está muy cerca el acuerdo final. “Si entre los combatientes hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico acuerdo”, afirmó Márquez.
Al rechazar que con el Acuerdo Especial para blindar lo convenido entre el gobierno y las Farc en La Habana, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que mantendrá su férrea oposición a través de lo que ha denominado la “resistencia civil” porque lo que se está firmando es un pacto de impunidad en el que los grandes afectados serán las víctimas. Uribe advirtió que así se trate de un Acuerdo Especial con alcances internacionales que “igualan a las Farc con el Estado, eso no garantiza la estabilidad jurídica porque es un camino a la impunidad. Así quieran blindar a este grupo terrorista, con esta impunidad total que el tratado ha logrado a favor de las Farc se viola el estatuto de la Corte Penal Internacional y en cualquier momento se puede activar su esta jurisdicción. Además, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
El presidente del Senado Luis Fernando Velasco Cháves, dijo que contrario a lo que piensa el Centro Democrático, el mecanismo adoptado para alcanzar el acuerdo final de paz acordado entre las Farc y elGobierno Nacional no es un golpe de Estado.“Respeto la visión que tiene el Centro Democrático sobre el acuerdo y la entiendo como una posición del partido de oposición que tiene diferencias sobre el acuerdo, pero tengo una posición distinta. ¿De dónde arrancamos? De una guerrilla que quería desconocer las instituciones, de unas Farc que desconocen la Constitución, las normas del Estado y termina reconociendo la Constitución y reconociendo que el propio acuerdo se eleva a tratado especial pero por el camino del Congreso, no por el camino de un tratado internacional”.
“Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. Este es uno de los apartes de la carta enviada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al presidente Juan Manuel Santos tras el anuncio hecho para crear un artículo con el fin de blindar los acuerdos que se firmen en el proceso de paz. En la extensa misiva, el jefe del Ministerio Público aseguró que el anuncio hecho por el Gobierno y las Farc desde La Habana (Cuba) el pasado jueves va en contravía de la Constitución Política de Colombia, así como los intereses de la mayoría de los colombianos que hasta la fecha desconocen el fondo de los acuerdos firmados en el marco de las negociaciones.
En un comunicado público, la presidente de la Unión Patriótica Aida Abella,expresó que la decisión de convertir el Acuerdo Final en Acuerdo Especial Humanitario es una alternativa factible y jurídicamente robusta que garantiza los principios de durabilidad y estabilidad de lo pactado. “Es viable a la luz del Derecho Internacional Humanitario y le cierra el camino a quienes consideran que la firma del fin del conflicto se puede reversar de darse cambios políticos en el país. No quedará entonces en el limbo jurídico lo pactado, pues tendrá fuerza vinculante”, señala el escrito.
Por su parte, el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, manifestó su complacencia con el consenso logrado entre el Gobierno y las Farc. «La gracia de lo que se acaba de concebir es que no es un acuerdo de aprobaciones automáticas, sino que el depósito que se hace del acuerdo a nivel internacional es la seguridad del mismo y se abren las puertas para que en el Congreso se dicten todas las normas para apoyar el asunto», dijo.
A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, calificó el anuncio como un gran paso que le da fuerza jurídica a los acuerdos y es ajustado al derecho internacional y a la Constitución, al tiempo que anunció que su partido ayudará a facilitar la incorporación a la Carta Política para que la paz llegue a feliz término.
Otras voces a favor fueron la de la hoy ministra de Trabajo Clara López Obregón, quien señaló que el anuncio sobre la seguridad jurídica de lo que se pacte en La Habana garantiza la pronta culminación del conflicto armado y que la gran ganadora fue la paz.
El senador Vallecaucano Roy Barreras, del Partido de la U y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, aseguró que lo sucedido en Cuba quiere decir que las Farc aceptan la Constitución: «Que alegría sentir hoy que el noble propósito de la paz avanza bien y rápidamente».
De acuerdo con Francisco Barbosa Delgado, catedrático de la Universidad Externado, el acuerdo especial es una figura propia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y está contemplada en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. «Básicamente, lo que permite es blindar internacional y nacionalmente lo que se pacte en La Habana, pues el acuerdo al que se llegue con las Farc quedará haciendo parte del bloque constitucional. Esto también impide que lo allí plasmado pueda ser modificado».
Para el Politólogo de la Universidad Javeriana de Cali, Luis Felipe Barrera Narváez, el acuerdo alcanzado en la Habana en las últimas horas, » Brinda seguridad jurídica y estabilidad en el proceso,pues establece mecanismos normativos para los dilemas políticos de las partes. Las Farc tendrían la garantía que lo acordado se sellará mediante un Acuerdo Especial, figura del derecho internacional que eleva lo firmado al bloque de constitucionalidad, además de ser vigilado por la comunidad garante del proceso. Por otra parte, el gobierno le imprime mayor legitimidad al proceso vinculando abiertamente el fruto de la negociación al ordenamiento jurídico. Es entonces, el reconocimiento expreso,tajante y decisivo de la primacía del Estado de derecho, pues el Congreso, la Corte Constitucionalidad y la ciudadanía harán control efectivo del acuerdo final. El Plebiscito seguramente será el instrumento definitivo para refrendar lo acordado con la participación ciudadana y popular»
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