Plan de acción interinstitucional para contrarrestar la Minería ilegal en Santander de Quilichao

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El  gobernador del Cauca Óscar Rodrigo Campo Hurtado,  junto  a la Ministra de Minas, María Isabel Ulloa, el alcalde de municipio de Santander de Quilichao Álvaro  Hernando Mendoza  Bermúdez, así como autoridades y entidades de orden nacional, participaron del consejo de seguridad ampliado, llevado a cabo en el Club los Andes del municipio de Santander de Quilichao,  donde se hizo seguimiento a la intervención de las autoridades locales mineras, ambientales, sociales, fiscales y de seguridad después del accidente ocurrido semanas atrás en  la vereda San Antonio de dicho municipio.

Durante el proceso de revisión  se pudo constatar que los compromisos adquiridos  por parte de las entidades, se cumplieron a cabalidad. En lo relacionado con las acciones de corto plazo implementadas por parte de la fuerza pública, la alcaldía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) se logró realizar el cierre de 123 bocaminas ilegales en la zona y con la Secretaría de Gobierno de Santander de Quilichao se hizo un registro poblacional en el que se encontró que hay 381 mineros de distintos departamentos, principalmente de Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo y Caldas.

La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa destacó los avances y resultados que se desarrollaron para  frenar el flagelo de la minería ilegal en  la zona “ Todo esto ha sido posible gracias al compromiso de las entidades, quienes desde sus  competencias han actuado muy rápidamente y con la mejor voluntad».

Por su parte el Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, dijo que no se puede bajar la guardia pues es una situación compleja que amerita un monitoreo constante y un compromiso permanente por parte de todos. Las acciones que se implementen deben asegurar el seguimiento y el tratamiento a los temas ambientales y sociales adecuadamente. ”Es importante destacar el trabajo de las diferentes entidades, este esfuerzo debe continuar desde una visión propositiva que nos permita erradicar la minería criminal en nuestro departamento, contando para ello con el apoyo decidido del Gobierno Nacional. Sólo desde la articulación podemos seguir construyendo un «Cauca Territorio  de  Paz ‪‎”, señaló el gobernador de los caucanos.

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Las soluciones y compromisos adquiridos a mediano plazo son mantener el control de la fuerza pública, consolidar la formalización minera de los pequeños mineros para regularizar y elevar los estándares de la actividad en términos ambientales, sociales, legales, empresariales y de seguridad minera, y en los casos en los que no se pueda continuar con la minería, brindar el apoyo para la reconversión productiva, de tal forma que las personas tengan una vida digna y con nuevas oportunidades de crecimiento económico.

“La actividad minera debe realizarse con responsabilidad y con los mejores estándares porque es la única manera de asegurar que no tendremos más tragedias, y estaremos en capacidad de dejarle a las generaciones futuras un entorno saludable y presto para desarrollar una actividad minera que contribuya al desarrollo sostenible» concluyó la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa.

El gobernador Campo Hurtado expresó su satisfacción por el trabajo articulado entre las diferentes instituciones involucradas en la normalización de la situación social afectada, pero exteriorizó su preocupación por el inmenso pasivo ambiental causado en el norte del Cauca, el cual, según datos dados a conocer en esta reunión, asciende a más de 400.000 millones de pesos, que es lo que costaría la recuperación ambiental de las zonas destruidas por minería ilegal en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, únicamente.

La Gobernación de Cauca, la alcaldía de Santander de Quilichao, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), La Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo de Técnico de Investigación (CTI), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Defensoría del Pueblo y el Instituto del Bienestar Familiar (ICBF), se comprometieron a continuar con las soluciones de mediano plazo para consolidar su posición propositiva y fortalecer la actitud vigilante, y de esta manera evitar nuevos incidentes.