Santofimio lleva su caso por la muerte de Galán a la (CIDH) de la OEA

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Para la justicia colombiana no hay duda alguna de que Alberto Santofimio Botero fue el instigador del magnicidio de Luis Carlos Galán. Por ese crimen, perpetrado el 18 de agosto de 1989 por una célula de sicarios del cartel de Medellín, el exdirigente tolimense terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2011, a 24 años de prisión. Sin embargo, Santofimio insiste en su inocencia y ahora su expediente será revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Bajo el radicado P-324-12, el organismo internacional admitió el caso el pasado 12 de enero.

Su abogado Ricardo Cifuentes busca con ello tumbar la condena. “La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”, se lee.

Por ahora el caso Santofimio Botero está en etapa de preadmisibilidad. Es decir, la CIDH encontró razones de fondo para estudiarlo, pero aún no lo acepta formalmente hasta tanto el Estado colombiano sea notificado del proceso y dé respuesta en tres meses. Sin embargo, expertos consultados por este diario señalaron que aquello es una formalidad y que es casi un hecho que el expediente será asumido por el organismo internacional. Incluso, en la comunicación enviada la CIDH advierte que “se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos establecidos en la Convención Americana”.

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 Se trata, ni más ni menos, que del último recurso judicial del hombre que, según la Corte, azuzó al matón de matones, Pablo Escobar Gaviria, para que asesinara a Galán Sarmiento, su rival político y posible presidente de Colombia en 1990. Las razones de esa autoría intelectual las dio John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el sicario que se atribuye —¿se jacta?— no menos de 3.000 muertos: si Galán llegaba al Palacio de Nariño —le habría dicho Santofimio a Escobar— la extradición del capo no tendría reversa. En contraste, en un extenso documento enviado a la CIDH en febrero de 2012, la defensa de Santofimio esgrimió otras tesis y, una vez más, calificó la condena de ridícula.
santofimio - popeye

La base fundamental de la demanda de Santofimio, además de desacreditar el testimonio de Popeye, es que en el momento del crimen, es decir, en 1989, aquél se desempeñaba como senador de la República y, por tanto, tenía un fuero especial. En ese escenario, la Fiscalía no podía investigarlo. Mucho menos un juez ordinario. Según el abogado Cifuentes, sólo la Corte Suprema de Justicia podía sentenciarlo. En única instancia. Con ese argumento, el exdirigente tolimense —también condenado por enriquecimiento ilícito en los azarosos años del Proceso 8.000 y de la frase aquella, cómo olvidarla, de “todo fue a mis espaldas”— busca tumbar su caso en Colombia.

Además, en su defensa, el documento suelta frases como esta: “No era posible la existencia de un móvil directo en Alberto Santofimio, pues él no era extraditable, como para matar a Galán por el tema de la extradición, y tampoco era su rival político, pues Galán ocupaba el primer lugar en las encuestas (presidenciales) al tiempo que Santofimio era el cuarto. Si asesinar a sus rivales fuera el método de Santofimio para llegar a la Presidencia, aplicando la regla de la experiencia debería haberse producido por lo menos atentados en contra de (Ernesto) Samper y (Hernando) Durán Dussán, quienes lo superaban y así ‘limpiar’ su camino presidencial”.