Chaux Mosquera lleva su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Como ya lo han hecho otros seis ex congresistas, El Ex gobernador del Cauca  y Ex congresista Juan José  Chaux Mosquera,le solicitó a la Comisión medidas cautelares por presuntas irregularidades en el proceso que le adelanta la Corte Suprema por sus supuestos nexos con los “paras”.

“El Estado colombiano en la actualidad tiene un sistema de juzgamiento penal en única instancia que no está acorde con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos”. Así lo indicó Jorge Mario Gómez, abogado del ex gobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, en una solicitud enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que pide medidas cautelares para Chaux, investigado por supuestos nexos con paramilitares.

Gómez, en representación de Chaux, le solicitó a la Comisión medidas cautelares para que se suspenda el proceso en su contra “hasta tanto no se garantice de forma cierta, eficaz y efectiva el derecho de recurrir el fallo penal que se pueda proferir en su contra”. Su argumento es claro: es injusto que los congresistas no tengan derecho a una segunda instancia, como ocurre con el resto de colombianos. Actualmente, los parlamentarios, debido a su fuero, son investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que no hay un tribunal superior que revise los fallos en su contra».

Para Gómez, tal hecho constituye, sin ambages, una violación a los derechos humanos que va en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Según ésta, toda persona declarada culpable de un delito “tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Pero en Colombia los aforados, como los congresistas, no cuentan con este derecho. Por lo que se ha vuelto habitual que algunos parlamentarios condenados por la Corte Suprema de Justicia acudan al sistema interamericano. De hecho, en 2012, los excongresistas Luis Alberto Gil, Mauricio Pimiento, Miguel Pinedo, Odín Sánchez, Luis Humberto Gómez Gallo y Ciro Ramírez, todos condenados por el escándalo de la parapolítica, denunciaron su caso ante la Comisión con el mismo argumento de Chaux.

Otro que ha acudido al sistema interamericano es el excongresista Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán. No obstante, ninguna de estas solicitudes ha sido admitida por el sistema interamericano. Por casos similares, en los que no hubo doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Costa Rica, Venezuela y Surinam. La pregunta es si, en caso que de que se avale esta solicitud, tal decisión afectará otros procesos similares.

Desde hace rato, los congresistas colombianos se vienen quejando por la ausencia de una segunda instancia. Y en efecto, no se trata sólo de que no haya un tribunal superior que revise los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Los parlamentarios se quejan, igualmente, de que los recursos con los que cuentan son resueltos, finalmente, por la misma Corte Suprema de Justicia, por lo que no hay mucho margen de maniobra, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos de a pie, que tienen dos instancias y la posibilidad excepcional de que su caso llegue a la Corte Suprema.

En la petición, de 48 páginas, Gómez sostuvo con vehemencia que este sistema “limita las garantías judiciales que todo ciudadano disfruta dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho”, y denunció que, en su criterio, en el proceso contra Chaux, gobernador de Cauca entre 2004 y 2007, no ha primado la “independencia e imparcialidad requerida de la administración de justicia”. También dijo que un fallo sin la posibilidad de ser controvertido o impugnado “no puede tener presunción de legalidad”.

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El tiempo corre para  el también ex embajador Chaux Mosquera, quien actualmente se encuentra grave de salud y es investigado por supuestamente haber buscado el apoyo de los paramilitares para su campaña a la Gobernación del Cauca. Según Gómez, su grave condición de salud “le ha impedido ejercer actividad u oficio, en la actualidad padece riesgo de muerte súbita con un cuadro clínico bastante complejo”, entre otras razones, por cuenta de un infarto sufrido en 2006.

Curiosamente, pese a ser los primeros afectados, los congresistas son los que se han quedado cortos a la hora de legislar al respecto. En la misiva, de 48 páginas, Gómez sostuvo que el Estado colombiano, sobre todo el Legislativo, “ha sido especialmente omisivo en garantizarles a los aforados constitucionales un debido proceso justo y pleno”. Y eso que desde 2008 la Corte Constitucional ha venido exhortando al Congreso para que reforme la forma como se procesa a los aforados.

De hecho, en octubre del año pasado el alto tribunal instó al Congreso a que “en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias  condenatorias”. Se acerca la fecha y no ha pasado nada. Igualmente, en septiembre del año pasado el fiscal, Eduardo Montealegre, radicó un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes con el objetivo de reformar las funciones de la Corte Suprema de Justicia, entre otras razones, para que haya una segunda instancia para aforados. El proyecto es debatido actualmente.

Por esto mismo, Gómez le solicitó a la Comisión para que se requiera al Estado colombiano la adopción e implementación de medidas legislativas urgentes que garanticen el derecho de recurrir el fallo dentro del proceso penal en contra de Chaux. Falta ver qué decide la Comisión al respecto y si esto va a influir en los procesos de otros excongresistas actualmente investigados por la Corte Suprema de Justicia.