Congresistas del Cauca y Valle analizan sanción a Azucareros

 

INFORME-NEGRITUDES

La bancada parlamentaria del Pacífico, conformada por más de 10 senadores y casi 25 representantes, se reunirá el próximo martes 13 de octubre, para sentar una posición unificada sobre la millonaria sanción que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los ingenios azucareros y que, según los legisladores, puede golpear social y laboralmente al Valle, Cauca y parte de Risaralda.

Incluso, aunque aún no es una decisión tomada, han analizado seriamente la posibilidad de presentar, luego de esa reunión, una moción de censura al superintendente, Pablo Felipe Robledo.

 El tema ha desatado fuerte interés en diversos sectores políticos, y más por los efectos que puede tener en un momento electoral como el que vive el país, al punto de que la plenaria citada para el martes, para debatir el Presupuesto General de la Nación, se corrió dos horas para que la bancada del Pacífico pueda desarrollar su encuentro. No obstante, dicen que este paso no es un modo de presión al Gobierno.

En algunos medios inclusive  circuló la propuesta de algunos sindicalistas del sector que en los municipios del área de influencia de la Caña de Azúcar  no se  votara por los candidatos del partido de la U,en rechazo a la multa impuesta por un funcionario del Gobierno Santos.

Una de las preocupaciones es que si los ingenios pagan esa multa, posiblemente tengan que parcelar y vender las tierras en las que tienen sus cultivos por falta de viabilidad, lo cual podría dejar a cientos de personas de esas regiones sin trabajo. Este tema también será analizado en la cita del próximo martes en donde los congresistas del Valle y Cauca analizarán el tema.

senador_velasco_solicito_al_gobierno_que_baje_el_precio_de_la_gasolina

El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, aseguró que “respeta” las decisiones (de la Superintendencia) y señaló: “No podemos callar ante un fallo que pone en riesgo más de 190.000 empleos y golpea duramente a la región”.

Mientras tanto, el senador del partido de ‘la U’ y oriundo del Valle, Roy Barreras, anunció que citará a Robledo a un debate de control político para que explique los argumentos de la sanción.

Otras voces respaldan la decisión de la SIC. Una de ellas, la de la senadora de Alianza Verde Claudia Nayibe López Hernández, quien afirmó que la multa tiene una base real para imponerse.

claudia_lopez

“La sanción a los azucareros es a su economía rentista, semifeudalista, que vive del poder y no de la innovación y la competitividad”, precisó la Senadora  López.

Acerca del tema, el exsuperintendente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena, ‘padre’ de la Ley 1340 de competencia que presentó en 1999, no opinó sobre el tema del gremio azucarero, pero sí se opuso a un aumento de las sanciones, como lo plantea la SIC ante el Legislativo, porque considera que es muy temprano para analizar si, en efecto, el monto cohíbe de prácticas restrictivas a los actores del mercado.

El abogado sostuvo, sin embargo, que el valor de la multa no es discrecional del funcionario y, precisamente para evitar eso, se establecieron en la ley varios criterios como el patrimonio, el tamaño del mercado, la participación en este y el beneficio obtenido por la conducta irregular.

pablo_felipe_robledo

El Superintendente de Industria y Comercio el Antioqueño Pablo Felipe Robledo el funcionario dijo que, por ejemplo, si a una persona le cobran un monto pequeño por dejar su carro mal estacionado, nunca corregirá su comportamiento, sino que siempre pagará multas irrisorias.

Tras conocer las sanciones impuestas, los industriales, representados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dijo que el monto y la magnitud de las sanciones pueden incluso llegar a afectar la viabilidad del sector.

“Si bien la SIC se refiere a que las sanciones totales no superan el 7 por ciento de sus ingresos operaciones anuales, ni el 7 por ciento de su patrimonio, vale anotar que sí pueden llegar a sobrepasar el 100 por ciento de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía del departamento”, señaló.

Según el gremio, en este escenario, se abre nuevamente el debate sobre los procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones.

Mientras la SIC dice que hay que fortalecer la lucha contra los acuerdos anticompetitivos, como parte del acceso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), un documento de la entidad muestra que en materia de sanciones por este concepto el país está muy por debajo de Europa.

Por ejemplo, en marzo pasado, la autoridad de competencia de Francia sancionó con 192 millones de euros (unos 629.000 millones de pesos) a las firmas Senagral, Novandie y Nestlé, entre otras, por pactar precios y repartirse el mercado.

Preocupación en tierras cañeras por sanción a ingenios

La sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 320.000 millones de pesos, a 12 ingenios, Asocaña (el gremio que los representa) y las firmas Ciamsa y Dicsa cayó como un baldado de agua fría en el Valle del Cauca.

Si bien Colombia apenas tiene el 1 por ciento de la producción mundial de azúcar, este sector aporta el 4,7 por ciento del PIB agrícola nacional y el 56 por ciento del PIB agrícola de la región; por eso la preocupación.

Así lo sienten en los municipios del Valle y el norte del Cauca, donde es la industria azucarera la mayor fuente de empleo.

Alcalde de Pradera Adolfo Escobar particip de la reunin en Palmira en materia de seguridad

“El sector ya venía siendo golpeado por los precios internacionales y por las importaciones. Esa millonaria sanción va a repercutir sobre el empleo y los ingresos familiares, y el desempleo desencadena problemas colaterales. En Florida, Candelaria, Palmira, La Paila, Miranda, Corinto, dependemos de esta industria”, dijo el alcalde de Pradera, Adolfo Escobar.

En Guacarí (Valle), el ingenio Pichichí genera 2.700 empleos.Según el alcalde, Jorge Sánchez, el 50 por ciento de los ingresos por concepto del impuesto de industria y comercio lo aporta el ingenio, así como el 35 por ciento del predial. En Candelaria (Valle), el 80 por ciento de su población depende de las labores de los ingenios.

Lo que temen las 12 poblaciones del suroriente y el centro del Valle y del norte del Cauca es que se repita lo del 2008, por el paro de los corteros de caña. Con las entradas bloqueadas a los ingenios, la gente salía a mendigar a las carreteras porque ya nadie les fiaba, y el comercio quebró.

Según Fedesarrollo, son 2.152.000 familias las que obtienen su sustento de la agroindustria de la caña de azúcar y la producción de panela.

Los azucareros generan 37.000 empleos directos, 80 por ciento en fábricas y 20 por ciento en el campo, y 183.000 indirectos.

Diapositiva1

Por ahora, los sancionados guardan silencio, a la espera de ser notificados. En un comunicado, el Ingenio La Cabaña dijo que tiene pleno convencimiento de que no ha incurrido en la conducta por la que se le sanciona. “De hecho, todos los años las importaciones de azúcar al país se han incrementado de forma sustancial, razón que desvirtúa la existencia de un acuerdo para impedir las importaciones a Colombia”, sostuvo el complejo Agroindustrial con planta en el Municipio de Guachené y con área de influencia en varias poblaciones al Norte  del Cauca.

Las directivas de La Cabaña dijeron que interpondrán un recurso de reposición en contra de la decisión y señalan que en el proceso ha habido irregularidades que han obstaculizado su derecho de defensa y han vulnerado su derecho al debido proceso.

‘Se demorarán varios años en pagar las multas’

IMAGEN-14707759-1

El abogado y exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira, evidenció que frente a las utilidades que la industria azucarera colombiana reportó en el 2014, necesitaría varios años de trabajo dedicada solo a amortizar el pago de las sanciones de la Superindustria.

Frente a las utilidades de los ingenios y los montos de las sanciones, se destaca que a las empresas Pichichí y San Carlos, por ejemplo, que tuvieron pérdidas por $ 4.697 millones y $ 7.583 millones, respectivamente, les quedará –financieramente– muy difícil cumplir con las obligaciones, lo que posiblemente las llevaría a la quiebra y al cierre de sus operaciones.

Para el caso del ingenio Riopaila-Castilla, que logró utilidades por más de $ 8.649 millones, le tomaría 4,64 años pagar la multa, y para La Cabaña, con $ 7.403 millones de utilidades, serían 2,49 años trabajando solo para pagar la multa impuesta por la SIC. A los ingenios Manuelita y del Cauca les tomaría 2,08 y 2,81, respectivamente.

c287434d8297f3fda17aa557886a7f15

Otros juristas consultados  indicaron que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no había hecho llegar las notificaciones oficiales a las empresas, por lo que no pueden iniciar acción judicial alguna.

Entre los abogados que defenderán a las empresas de esta agroindustria están reconocidos nombres como los de Alfonso Miranda, Gabriel Ibarra y Pablo Cáceres.

Ahora se supo que, como acción inmediata (pese a que por ley se tienen cinco días hábiles), se invocará un recurso de reposición.

Diapositiva1

Por su parte, el abogado y ex magistrado Pablo Cáceres indicó que las acusaciones de la SIC son falsas.

“En el caso de Asocaña quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron y se adjuntaron los registros de las importaciones que los industriales han hecho a lo largo de los años, desde el momento mismo del período de inicio de la investigación.

“Por otra parte, en la investigación nunca se mencionaron las importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”, concluyó el jurisconsulto.