Cerca de 5.000 campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) provenientes de todo el país se dieron cita este martes, 7 de julio, en Bogotá, con el objetivo de conmemorar los 45 años de vida de la entidad.
El aniversario permitió resaltar la defensa de los derechos del campesinado y reconocer el compromiso del Estado en el proceso de reparación colectiva que adelanta la asociación.
«Reparar a la ANUC y a los campesinos, en general, es reconstruir el tejido social del sector rural del país; es tejer de nuevo la confianza entre las instituciones y quienes han sufrido directamente la violencia en el territorio», asegura Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas.
En 1993, más de 700.000 familias (cerca de 1.400.000 personas) estaban afiliadas a la organización, según pudo conocer la Unidad para las Víctimas.
Por culpa de los desplazamientos, asesinatos y amenazas sufridos en el marco del conflicto armado, el número de afiliados disminuyó. De este modo, se evidencian los daños sufridos por la organización en su rol de actor social, político y económico, así como en la identidad campesina y la relación con el territorio y sus factores de producción.
«El día a día de la asociación está en el surco, en la parcela de cada uno de nuestros asociados, donde se viven las dificultades, se tienen las alegrías, donde se tejen muchos sueños y muchas esperanzas. El papel diario de la asociación es interpretar esa situación y buscar los desarrollos que correspondan», afirma el presidente de la ANUC, Luis Alejandro Jiménez.
En septiembre de 2014, la ANUC fue reconocida como víctima del conflicto armado y, como parte del proceso de reparación colectiva, se han identificado los hechos ocurridos, posibles patrones de victimización, los derechos vulnerados y las afectaciones sufridas.
En la fase siguiente, se formuló el plan de reparación colectiva, se identificaron las acciones que ellos consideran reparadoras y se acordó realizar 10 encuentros regionales. «El proceso de reparación colectiva con la ANUC muestra el alto nivel de organización de sus miembros, las afectaciones de las redes organizativas del mundo rural y la gran capacidad de resiliencia de las víctimas en los territorios», indica Gaviria.
De los 303 grupos y comunidades reconocidos como sujetos de reparación colectiva, un total de 129 son comunidades campesinas, incluyendo a la ANUC. La cifra se completa con 80 comunidades indígenas, 72 comunidades afrocolombianas, 12 organizaciones y grupos, 9 organizaciones de mujeres y 1 comunidad Rrom.
El encuentro de este martes estuvo organizado por la Unidad para las víctimas y apoyado por la Embajada de Suecia en Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Restitución de Tierras, el Incoder y el Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá en marcha un Fondo de Microfinanzas Rurales, con el objeto de brindarles acceso a recursos crediticios a los ‘más’ pequeños productores del campo, para el cual se ha destinado por parte del Gobierno Nacional un capital inicial de 7 mil millones de pesos.
De acuerdo con el Ministro de Agricultura, la administración estará a cargo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), entidad que velará por su sostenibilidad en el tiempo.
“Este es un paso en la decisión correcta y una política que permitirá que más microproductores en el campo tengan la oportunidad de acceder a crédito de forma ágil y rápida”; dijo el Ministro Iragorri, quien agregó que la meta con esta iniciativa es lograr 100 millones de dólares colocados, durante los próximos años.
El funcionario, dijo “que esta es una alternativa que ha dado muy buenos resultados en las ciudades y que ahora la queremos llevar al campo, es una forma de llegarle a los más pequeños y atender sus necesidades, para lo cual iniciamos con siete mil millones”, señaló el Ministro.
Una vez concluya la fase normativa, hacia finales del año, se realizará una búsqueda de inversionistas a nivel internacional, con la banca mundial y organismos multilaterales para fortalecerlo en recursos. Una vez capitalizado el Fondo, las instituciones especializadas en microfinanzas podrán acceder al esquema y a su vez los microempresarios de la ruralidad obtener recursos.
Otra buena noticia, es que gracias a las facultades extraordinarias que dio el Plan Nacional de Desarrollo al Ministerio de Agricultura, existe la posibilidad de ampliar las fuentes de fondeo para que el instrumento pueda nutrirse con diferentes fuentes del mercado financiero.
El primer paso para este beneficio, se da con la expedición del Decreto 1449 de 2015 que reglamenta la Ley 1731 de 2014, y con el cual el Minagricultura regula la creación del Fondo de Microfinanzas Rurales, “el cual tiene el objetivo de facilitar el acceso al crédito a los más pequeños productores del país, para que ellos también tengan oportunidades de avanzar en sus actividades”, agregó el funcionario.
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