Las nuevas tendencias sobre lo rural parecen no respetar formas de organización Del territorio que han sido propias de los pueblos indígenas y afros.

 

 

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Por: Carlos Salgado Araméndez

De hecho, la incidencia del desplazamiento forzado es muy fuerte sobre los afros y varios de

Sus territorios han sido conculcados por mecanismos de coerción y políticos. Esto refuerza el argumento según el cual la nueva forma de entenderlo rural ya no hace consideraciones especiales sobre las diferenciaciones sociales, culturales y políticas, y tiende a homogenizar el espacio bajo una lógica de costo/beneficio, con el comando del empresariado como único actor relevante.

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Campesinos, afros e indígenas tienden a sobrar según este modelo como productores, grupos culturales y sociales.

¿Cuál es el rumbo deseado socialmente del agro colombiano? Este es uno de los aspectos más dramáticos del momento actual. ¿Se consolida el enfoque territorial tal cual se promueve institucionalmente? ¿Hay enfoques alternativos que den espacio para entender y promover otro tipo de desarrollo? ¿Qué relación tendrán estos enfoques con los conflictos sociales y, en especial, con el armado? ¿Este último es una variable dependiente o independiente frente a lo rural? ¿Qué significan las propuestas del nuevo gobierno, vistas en una perspectiva histórica? ¿Cuáles los dilemas centrales del momento actual? No es fácil dar respuesta a las preguntas formuladas.

Parece evidente que el modelo agro-minero se impondrá a rajatabla. Los inversionistas del sector parecen tener la suficiente experiencia para acudir a mecanismos extralegales que les permiten imponer sus intereses.

Quiere ello decir que la disputa armada no es un obstáculo mayor para el desarrollo de proyectos, pues los pagos por rentas a actores ilegales simplemente se incorporan al precio final. Ello quiere decir que la guerra es un componte más de los costos de producción, susceptible de asumir frente a los costos de mano de obra y el margen de las ganancias.

El resultado es que se fortalecen los grupos ilegales y se “estabiliza” el conflicto, pero los resultados sociales y políticos son insospechados. Puesto en otros términos este argumento, quiere decir que la acumulación de capital no se atemoriza frente a un conflicto armado y lo puede costear.

También puede argumentarse lo contrario, que la confrontación entre o la acción de actores armados no permitirá la ejecución de los proyectos, caso en el cual el conflicto será más crítico  y los impactos sobre la población más severos, como lo demuestra la historia reciente. Puede haber otras opciones, pero ellas están por discutir.

En particular, sería necesario reclamara los modelos económicos convencionales una aproximación al mundo real, tanto con una lectura más precisa de lo que significa el campesinado en las dinámicas económicas, los sistemas agroalimentarios y la estabilidad de la población, como lo que implica el conflicto para impedir la consolidación de la democracia económica.

El Plan Nacional de Desarrollo -PND- del gobierno de Juan Manuel Santos es una muestra de cómo la economía convencional desconoce el mundo rural, hasta el punto que presupone que puede operar como locomotora sin considerar la dramática situación derivada de los conflictos.

 

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En el PND no hay actores, no hay tensiones, no hay desigualdades descomunales, no hay desplazamiento ni actores que imponen sus intereses por las vías ilegales. Ni siquiera hay compatibilidad entre la formulación técnica del Plan y los discursos del Presidente y del Ministro de Agricultura sobre el pago de la deuda social con el campo.

En consecuencia, no hay una institucionalidad que pueda responder por el mundo real; no hay tampoco una definición de qué entiende el Plan por “desarrollo rural”.

La tecnocracia gubernamental se constituye así, desde antaño, en uno los mayores obstáculos para resolver los problemas rurales. Los enfoques alternativos son de diversa índole. La mayoría de ellos se centran en tres aspectos: la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y los planes de vida, como pilares del uso del suelo, de los recursos y de los territorios. Algunos muy pocos apenas se atreven a plantear la necesidad de discutir seriamente la participación en los usos mineros.

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Una falla generalizada de estos enfoques alternativos es que no siempre hacen suficiente claridad sobre las implicaciones de las disputas armadas por el territorio, por lo que suelen ser muy románticos en lo que refiere a la estabilidad de la población, el control de los recursos y la acción de actores con mucho poder.

 

También tienen la falla de ser muy auto centrado. Por ejemplo, algunos de los enfoques sobre seguridad alimentaria ven esta opción como una simple acción de resistencia, desconociendo las interrelaciones de mercado y culturales entre lo rural y lo urbano.

 

Por: Carlos Salgado Araméndez