PROCURADURÍA PIDE RATIFICAR CONDENA POR FALSO POSITIVO EN PUERTO TEJADA

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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que sea ratificada una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en la que se condenó al Ejército Nacional por el ‘falso positivo’ de un ciudadano en el municipio de Puerto Tejada.

Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2008, como consecuencia de los disparos propinados por parte de miembros del Batallón Codazzi de Palmira, Valle, quienes adelantaban operaciones contra las Farc en la zona.

El 14 de febrero de 2014, un Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías de Puerto Tejada, Cauca, profirió medida de aseguramiento intramuros contra  el mayor (r) Ricardo González Pinto, como presunto responsable del delito de homicidio en persona protegida.

Los hechos materia de investigación se relacionan con el homicidio de dos personas en Puerto Tejada Cauca, el 30 de junio de 2008, cuando González Pinto era oficial del Ejército con el grado de mayor. Las víctimas fueron  Santiago López Gómez y Jorge Andrés Vanegas Martínez, quienes fallecieron por heridas con arma de fuego. El procesado cumple la medida de aseguramiento en el Cantón Militar de Bogotá.

El Ministerio Público señaló que las pruebas allegadas a la investigación dejan sin sustento los argumentos expuestos por el Ejército Nacional, que pretendían demostrar que la víctima y su acompañante habían sido dados de baja en el combate sostenido con miembros de las Farc luego de que estos arremetieran contra los militares.

Por el contrario, se reitera que los uniformados fueron quienes dispararon repetidamente por la espalda contra el ciudadano y su acompañante, quienes se encontraban en condiciones de indefensión.

La Procuraduría advirtió que no hay evidencia que permita concluir que la víctima estuviera vinculada con grupos armados al margen de la ley.

Al respecto se confirmó que el ciudadano se dedicaba a labores de ebanistería y hogareñas con su esposa e hijos.

Por lo tanto, la Procuraduría coincidió con el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en el sentido de que existió una falla en el servicio por parte del Ejército Nacional y por tanto, “el Estado es el responsable de los daños causados a los demandantes y en consecuencia tiene la obligación de indemnizar a las víctimas de este caso”.