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El presidente Abelardo de la Espriella visitó la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) el martes 3 de noviembre de 2026 para evaluar la situación de orden público y revisar los resultados de la militarización ordenada en la región, ante la crisis de inseguridad y recientes atentados terroristas.
El Jefe de Estado lideró un consejo de seguridad junto a autoridades locales y militares para evaluar el despliegue de más de 500 uniformados, medidas motivadas por atentados y acciones criminales en la zona.
En la reunión con el Jefe de Estado se oficializó la campaña “Esparta” en la Brigada 30 y el Grupo de Caballería N.° 5 para combatir sin cuartel los grupos armados y el narcotráfico en la frontera, anunciando además el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), complementado con un permanente sobrevuelo fronterizo.
La Alcaldía impuso por decreto la ley seca y restricciones a drones. Durante los recorridos, la caravana presidencial enfrentó protestas con rechazos y tensión por parte de algunos ciudadanos, así como muestras de apoyo de otros sectores, dando paso posteriormente a operativos como la operación “Némesis”.
La Operación Némesis fue una megaoperación de seguridad y ofensiva militar liderada en la madrugada del 4 de noviembre de 2026 en Cúcuta y su área metropolitana por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto con la Fuerza Pública.
Y como principales resultados de la operación, se reportaron: 109 personas capturadas contra las diversas 20 estructuras delictivas,49 allanamientos llevados a cabo en ocho comunas de Cúcuta, abarcando 54 barrios.
En el operativo detuvo a 32 extranjeros venezolanos los cuales fueron expulsados del país, 12 armas de fuego y más de 10 kilogramos de estupefacientes incautados. 
Las autoridades policiales sostuvieron que la mercancía recuperada por contrabando supera un valor aproximado de 500 millones de pesos.
El operativo se prolongó durante casi 10 horas (iniciando en la noche del 3 de noviembre y la madrugada del 4 de noviembre de 2026) con la participación de cientos de funcionarios de la Fiscalía, uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional, apoyados por tecnología avanzada como dispositivos antidrones.
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