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El Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley de Sometimiento, una iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que busca reemplazar la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro por un enfoque basado en la justicia ordinaria y el sometimiento penal de estructuras armadas.
El proyecto fue aprobado con 95 votos a favor y 10 en contra, adoptando el mismo texto que ya había dado luz verde en el Senado, lo que evita la necesidad de una comisión de conciliación.
La nueva normativa elimina los diálogos políticos con grupos armados ilegales y se limita a ofrecer un marco de entrega a la justicia.
La vigencia de la ley quedó fijada en 4 años (se redujo de los 10 años que se planteaban inicialmente) y se eliminó el artículo 25 que trataba sobre gastos reservados y recursos del Fonsecon.
El articulado deja claro que no habrá beneficios para personas solicitadas en extradición ni para responsables de reclutamiento de menores.
Al no requerir conciliación, el texto pasa directamente a la firma y sanción del presidente Abelardo de la Espriella.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso y destacó el papel del ministro de Justicia, Iván Cancino, en el trámite de la iniciativa, que superó su discusión en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.
De la Espriella sostuvo “Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia. ¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin”.
El impacto de la política de “Paz Total” implementada durante el gobierno de Gustavo Petro en el fortalecimiento de los grupos armados ilegales ha sido objeto de profundos balances por parte de centros de investigación, organizaciones civiles y autoridades políticas, que en su mayoría coinciden en un fortalecimiento generalizado de estas estructuras durante el periodo de vigencia de dicha estrategia.
Tras el fin del mandato del presidente Petro, diversos informes cuantitativos detallan el crecimiento en pie de fuerza, expansión territorial e incremento en ciertos delitos por parte de las organizaciones delincuenciales
Durante el desarrollo de esta política, en las regiones con presencia de los grupos cobijados por los beneficios estatales se documentaron incrementos drásticos en delitos de control social: la extorsión aumentó un 337%, el reclutamiento forzado de menores subió un 168% y las amenazas a la población civil se elevaron un 70%.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil registraron un aumento sustancial de víctimas civiles afectadas por el uso de artefactos explosivos y minas antipersonal en los territorios en disputa.
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