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La crisis del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) radica en un colapso financiero y operativo estructural, intensificado tras la implementación del nuevo modelo de salud (Acuerdo 003 de 2024). El sistema pasó de un esquema de intermediación regional a concentrar la operación en la Fiduprevisora, lo que disparó los costos y precarizó el servicio para más de 800,000 docentes y sus beneficiarios.
El fondo registra un patrimonio negativo crítico que ronda los $3.2 billones de pesos. El presupuesto de salud pasó de $2.1 billones en 2022 a cerca de $5 billones en 2025. Sin embargo, la ejecución del nuevo modelo resultó tan costosa que los recursos siguen siendo insuficientes, estimándose un faltante de $1.8 billones para cerrar el año fiscal vigente.
Por cada 100 pesos que posee el fondo en activos, debe cerca de 177 pesos, situándolo técnicamente en insolvencia.
Para mitigar la emergencia de salud, el Consejo Directivo ha autorizado el traslado de más de $2 billones de pesos destinados originalmente al pago de pensiones y cesantías de los maestros.
Entidades de control advierten que utilizar los ahorros prestacionales para tapar el hueco de la salud compromete la sostenibilidad a largo plazo y genera una enorme presión fiscal sobre el Presupuesto General de la Nación.
Datos del Ministerio de Hacienda señalan que el patrimonio del FOMAG registró una caída de 2,6 billones de pesos entre 2024 y 2025, coincidiendo con el cambio de esquema operativo.
El nuevo modelo diseñado en el gobierno del ex presidente Gustavo Petro Urrego y teniendo como cerebro al ex ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fragmentó el sistema al contratar a miles de prestadores (IPS). La Superintendencia de Salud reveló que, de más de 3,900 prestadores integrados a la red, solo una minoría cuenta con contratos formalizados y legalizados.
Se migró de un modelo de pago por capitación (monto fijo por usuario) a un esquema de pago por evento, lo que disparó los sobrecostos, eliminó las auditorías previas y propició un descontrol de tarifas.
La transición provocó una caída drástica de hasta el 84% en las IPS activas y del 90% en sedes disponibles en comparación con periodos anteriores, destruyendo la capilaridad del servicio.
A este nefasto panorama se le suman hechos de corrupción e irregularidades fiscales como los hallazgos encontrados de la Contraloría en los cuales se han detectado decenas de inconsistencias fiscales por presuntos daños patrimoniales que superan los $694,000 millones de pesos.
Entre las anomalías recurrentes figuran fallas severas en el control interno, ineficiencia en la defensa judicial frente a demandas, sobreestimaciones contables y desorden en el manejo de novedades de nómina. Las autoridades evalúan la presencia de coimas y redes de sobrecostos dentro del esquema.
La insolvencia económica se trasladó directamente al usuario en forma de negación de servicios, cancelación de citas médicas, demoras críticas en cirugías y escasez en la entrega de medicamentos.
Las peticiones, quejas y reclamos (PQRD) se han disparado significativamente, promediando más de 4,000 reclamaciones mensuales, superando los índices históricos de los regímenes contributivo y subsidiado ordinarios.
El panorama actual sitúa al FOMAG bajo medidas cautelares por parte de la Supersalud y bajo la lupa de la Contraloría General, mientras el Ministerio de Educación adelanta una auditoría forense para determinar el destino real de los recursos públicos.
No obstante este preocupante escenario desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y el magisterio se mantiene la defensa de la Ley 91 de 1989, la financiación suficiente del FOMAG, el acuerdo 003 del 2024, el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales en los términos de ley, la garantía de un servicio de salud digno y el cumplimiento integral de los acuerdos colectivos las cuales constituyen reivindicaciones irrenunciables de la organización sindical, en modelo de salud que con protuberantes fallas defienden a capa y espada.
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