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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la inmediata cancelación y revocación de nombramientos claves en el Ministerio del Interior.
Estas medidas forman parte de una estricta política de revisión de perfiles y de una postura de tolerancia cero ante cualquier sospecha de irregularidad o falta de autorización directa dentro de su administración.
Los casos más significativos dentro de esa cartera ministerial y sus entidades adscritas que tienen bastante molesto al “Tigre” incluye la revocación del contrato de Altús Alejandro Baquero un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había sido vinculado mediante contratación directa por un valor de $60 millones de pesos para brindar asesoría jurídica especializada al despacho del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Baquero había suscrito un contrato de prestación de servicios por $60 millones, con una duración de 91 días y previsto inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Desde la Presidencia de la República se aclaró tajantemente que el mandatario no estaba enterado ni había autorizado dicha contratación. Además, trascendió que a Baquero se le cuestionó políticamente el no haber asistido en su momento a una votación clave en el CNE relacionada con la personería jurídica del partido del presidente.
De otro lado está la insubsistencia del director nacional de Bomberos que es una entidad adscrita al Ministerio del Interior, pues De la Espriella ordenó sacar al capitán Germán Miranda, oficial llevaba menos de un mes en el cargo.
La decisión se ejecutó luego de que se conocieran unos audios que presuntamente evidenciaban una intermediación irregular en un proceso de la Fiscalía. Ante esto, el presidente enfatizó en sus canales oficiales que “la simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario”.
Estas decisiones se suman a una serie de salidas y reversazos rápidos de funcionarios en otras entidades del Estado durante los primeros dos meses del Gobierno (como en Colpensiones, el DANE y el MinTIC).
El Ejecutivo ha reiterado que exige el máximo rigor técnico, preparación y total alineación con las directrices presidenciales, advirtiendo que no se permitirán cargos para “aprender sobre la marcha”, ni nombramientos sin el visto bueno de la Casa de Nariño.
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