1334 vistas
El expresidente Juan Manuel Santos no ha pedido la eliminación inmediata de la JEP, sino que aclaró que la entidad debe cumplir con los límites legales pactados y concluir sus funciones en 2028 o 2033.
Santos rechazó firmemente las propuestas de otros sectores políticos para suprimir repentinamente la institución, advirtiendo sobre las graves consecuencias morales y jurídicas que esto traería para las víctimas del conflicto armado y los compromisos internacionales de Colombia.
Santos se mostró en contra de ampliar la vigencia legal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más allá de lo acordado originalmente. Señaló que el tribunal de justicia transicional debe culminar su cometido en los plazos fijados y le pidió formalmente “meter el acelerador” para resolver los macrocasos pendientes y mostrar reales resultados por lo que se que viene cuestionado por el gobierno nacional y amplios sectores de opinión que consideran que este tribunal no ha servido sino “para lavarle la cara a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo insurgente”.
Paralelamente, el exmandatario criticó con dureza los intentos de aplicar recortes presupuestales al sistema de justicia transicional.
Argumentó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar todos los recursos económicos indispensables para que los magistrados operen de manera autónoma hasta su cierre definitivo, sin embargo ya s e conoció que la JEP tendrá un recorte de $170 mil millones de pesos en el presupuesto del 2027.
Santos recalcó que el modelo de justicia restaurativa es la columna vertebral del Acuerdo de Paz, que su gobierno firmó a nombre del Estado Colombiano con las extintas guerrillas de las Farc y el líder de las FARC Rodrigo Londoño (alias Timochenko) inicialmente el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, tras las negociaciones que se desarrollaron en La Habana, Cuba por lo cual desmantelarlo de forma abrupta constituiría una violación directa a lo pactado en La Habana.
Debe estar conectado para enviar un comentario.