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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a que las actuaciones del Estado frente a los grupos armados ilegales se mantengan dentro de los límites que imponen la Constitución, la ley y el respeto por la dignidad humana, incluso en medio de confrontaciones armadas.
En un pronunciamiento público, Marín Ortiz sostuvo que el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia encaminada a demostrar quién puede actuar con mayor crueldad. Precisó que precisamente por tratarse del Estado, el ejercicio de su poder está sometido a límites.
La Defensora reconoció que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y garantizar la protección de la población hacen parte de los deberes constitucionales de las autoridades.
Sin embargo, advirtió que esas obligaciones no eliminan las restricciones que deben observarse durante una confrontación armada. Según señaló, “incluso en la guerra hay límites” y la dignidad humana no desaparece cuando una persona muere.
Marín también llamó la atención sobre la manera en la que el poder público comunica sus actuaciones y los símbolos que utiliza durante sus declaraciones.
En particular, cuestionó que los cuerpos de personas fallecidas puedan convertirse en parte de la puesta en escena de un pronunciamiento oficial o que la muerte termine siendo empleada como una forma de demostrar autoridad.
“Las imágenes y los símbolos del poder público también importan”, expresó la Defensora del Pueblo, al señalar que este tipo de prácticas no deberían normalizarse en el país.
La funcionaria recordó, además, la experiencia histórica de Colombia frente al uso de los cuerpos, la humillación y el miedo como mecanismos para transmitir mensajes de dominio.
A su juicio, el país conoce suficientemente las consecuencias de utilizar esas prácticas y ese tipo de lenguaje, razón por la cual insistió en que no pueden convertirse en una forma de actuación o comunicación por parte de las instituciones del Estado. “Ese no puede ser el lenguaje del Estado”, afirmó Marín Ortiz en su pronunciamiento.
La Defensora del Pueblo insistió en que la fortaleza institucional no se demuestra reproduciendo las actuaciones de los grupos que las autoridades combaten, sino manteniendo los límites propios del Estado aun frente a organizaciones que los han desconocido.
En ese sentido, aseguró que la legitimidad estatal se fortalece cuando las autoridades cumplen con su obligación de proteger a la población, hacen cumplir la ley y preservan los principios que fundamentan su actuación.
Para Marín Ortiz, entre esos principios ocupa un lugar central la dignidad humana, que debe permanecer protegida aun en las circunstancias más complejas derivadas de la confrontación con grupos armados ilegales.
El pronunciamiento plantea así una diferencia entre el deber constitucional del Estado de combatir estructuras armadas y las formas mediante las cuales ejerce y comunica ese poder. La Defensora sostuvo que la respuesta institucional debe mantener límites precisamente para diferenciarse de quienes actúan al margen de la ley.
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