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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron lo que calificaron como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
El histórico y polémico pacto otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, lo que representa cerca del 21.5% de los recursos totales del país sudamericano.
Este acuerdo se produce tras un drástico cambio político en Venezuela, originado por la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por parte de fuerzas especiales estadounidenses.
A través de las declaraciones de Trump y los detalles expuestos posteriormente por Delcy Rodríguez, el pacto se estructura bajo la condición de operar a través de una nueva empresa mixta (joint venture) con participación público-privada y control mayoritario de EE. UU. Tiene una vigencia inicial de 25 años prorrogables.
Se reactivarán y explotarán 17 yacimientos petroleros claves ubicados en el lago de Maracaibo y la faja petrolífera del Orinoco y el objetivo principal es elevar la producción de Venezuela (actualmente en 1.2 millones de barriles diarios) a una meta superior a los 1.5 millones de barriles por día.
El acuerdo defendido por Elcy Rodríguez contempla una inyección económica de 100,000 millones de dólares en infraestructura petrolera por parte de empresas privadas. A cambio, estiman que generará unos 209,000 millones de dólares en ingresos e impuestos para el Estado venezolano (calculado sobre una base de 65 dólares por barril).
Venezuela recibirá un pago neto equivalente a unos 19 dólares por barril y el beneficio para EE. UU, más que duplica las reservas de EE. UU., asegurando crudo barato para llenar sus reservas estratégicas y prometiendo una reducción sustancial en el precio de la gasolina para los ciudadanos estadounidenses, todo “a costo cero” para sus contribuyentes.
La negociación y firma de este acuerdo e ideado por Marco Rubio ha desatado fuertes críticas internacionales y divisiones profundas en la sociedad venezolana, pues sectores de la oposición radical y figuras del antiguo chavismo (como el exministro de petróleo Rafael Ramírez Carreño) coinciden en tildar el tratado de “entreguista” y colonialista, acusando a la administración interina de ceder la principal riqueza nacional bajo presión internacional.Diversos economistas y juristas cuestionan la constitucionalidad del pacto, argumentando que fue negociado en secreto y firmado por un gobierno interino que carece de la facultad legal para comprometer los activos del país a largo plazo antes de realizarse una transición democrática formal.
Delcy Rodríguez ha defendido firmemente la alianza televisada nacionalmente, insistiendo en que Venezuela retiene la “propiedad y la soberanía” del recurso y que el pacto representa la única vía rápida para rescatar la destruida economía venezolana con capitales de primer nivel.
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