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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó activar operativos masivos coordinados entre la Policía Nacional y Migración Colombia para identificar, detener y deportar de inmediato a los extranjeros en situación irregular o que cometan delitos.
La instrucción presidencial, anunciada este lunes 24 de agosto de 2026 desde Barranquilla, marca un endurecimiento estricto en la política migratoria y de seguridad del nuevo Gobierno.
En Barranquilla el Jefe de Estado ratificó una orden categórica e innegociable: a los criminales se les combatirá como lo que son: terroristas, sin tratamientos especiales ni contemplaciones por parte del Estado.
Aquí no estamos para hacer diagnósticos ni para administrar los problemas. “Estamos para resolverlos, proteger al ciudadano de a pie y devolverle a Colombia la seguridad y la tranquilidad con hechos contundentes”.
Los controles y redadas darán comienzo en el transcurso de esta misma semana, teniendo como foco inicial la ciudad de Barranquilla.
El mandatario detalló que las acciones irán dirigidas primero a extranjeros delincuentes y segundo a quienes permanezcan de forma ilegal sin regularizar su estatus.
El presidente De la Espriella defendió la medida argumentando que responde a su agenda de campaña y que priorizará la protección nacional bajo la premisa de “primero, segundo y tercero los colombianos”.El anuncio presidencial ha despertado una profunda incertidumbre en la comunidad venezolana. E igualmente abogados y defensores de derechos humanos alertan sobre el riesgo de criminalizar la irregularidad migratoria por falta de documentos.
Se calcula que, de los cerca de 2.8 millones de migrantes venezolanos que residen en Colombia, alrededor de 500,000 personas se encuentran actualmente en condición irregular, en su mayoría por no haber completado los procesos de transición hacia el Estatuto Temporal de Protección.
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