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El presidente Abelardo de la Espriella presentó de manera oficial el documento titulado “El libro de la verdad” (también denominado por algunos sectores y medios como “Libro Blanco”), el cual ha sido catalogado popularmente de forma coloquial como un “libro gordo” debido a la densidad de sus expedientes y denuncias de hechos de supuesta corrupción y actos delictivos en distintas entidades y gobierno central del expresidente Gustavo Petro Urrego.
Este informe de 135 páginas recopila los hallazgos del “empalme anticorrupción” liderado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
En el texto se denuncian más de 80 casos de presuntas irregularidades y corrupción ocurridos durante la pasada administración de Gustavo Petro.
El documento fue entregado directamente a las máximas autoridades de control del país: La fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y el contralor saliente Carlos Rodríguez.
De La Espriella Otero, expuso billonarias operaciones con anomalías financieras y parálisis operativa en sectores neurálgicos como la salud, la infraestructura, la entrega de tierras de la reforma agraria y la seguridad (incluyendo la UNP y la adquisición de sistemas antidrones).
El equipo de De la Espriella aclaró que, debido a la falta de cooperación para un empalme tradicional, la información se obtuvo mediante auditorías de fuentes públicas como el SECOP, derechos de petición y datos entregados de forma voluntaria por funcionarios salientes.
De La Espriella además reveló que hubo en el gobierno saliente una notable baja ejecución presupuestal, se señaló igualmente un bajo nivel de gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y falta de reintegro de fondos por el escándalo de los carrotanques de la Guajira.
El jefe de Estado puso en alerta sobre el uso masivo de contratos por prestación de servicios al cierre del mandato anterior y en las denuncias ante los entes de control y judiciales se incluyeron observaciones sobre contratos en ministerios, el Fomag y la financiación de programas como Colombia Mayor, así como la Reforma agraria y tierras, con cuestionamientos sobre los registros y títulos de predios entregados.
El propósito del ejecutivo con este informe no es reemplazar la labor de la rama judicial ni emitir condenas anticipadas, sino poner los soportes acumulados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General para que se adelanten las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias correspondientes.
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