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La histórica papelera Propal, propiedad de la Organización Carvajal y famosa por fabricar la tradicional resma de papel verde Reprograf, anunció el cierre definitivo de sus operaciones y solicitó su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades este 31 de julio de 2026.

La decisión implicó el apagado inmediato de las máquinas en su planta de Guachené en el Norte del Cauca, la última que mantenía activa en el país, dejando sin empleo a más de 500 colaboradores.
La quiebra de la fábrica de papel responde a una acumulación de factores externos insostenibles durante los últimos tres años con prácticas de Dumping o sea, la competencia desleal por parte de grandes productores internacionales (principalmente de China y Brasil) que ingresaron papel al país a precios artificialmente bajos.
Pese a las aranceles de protección que el Gobierno Nacional que preside Gustavo Petro Urrego impuso meses atrás, los precios del mercado local no lograron estabilizarse, a lo que además se suma la revaluación del peso Colombiano.
La caída del dólar afectó directamente sus ingresos domésticos y redujo los márgenes de ganancia en sus exportaciones a lo que se sumó un alza generalizada en los costos de producción de la industria y dificultades logísticas previas que ya habían forzado el cierre de su planta en Yumbo en 2025.
Otro factor tuvo que ver con el fenómeno de la transición digital lo que generó una progresiva y acelerada disminución global en el consumo de papel físico.

El fin de la emblemática productora desató un fuerte cruce de acusaciones en redes sociales entre el Gobierno de Colombia y los líderes gremiales como Bruce Mac Master (Presidente de la ANDI): quien afirmó que este cierre representa un doloroso reflejo del deterioro del entorno de inversión y la falta de un verdadero respaldo e irresponsabilidad por parte del gobierno nacional a los productores locales ante amenazas internacionales.
En tanto el Presidente Gustavo Petro, respondió en la red social X culpando directamente a la Junta Directiva del Banco de la República por mantener tasas de interés elevadas que impidieron el crédito barato para la reconversión industrial. Además, acusó al líder de la ANDI de oponerse a las propuestas de reactivación económica del Gobierno.
El proceso de liquidación bajo la Ley 1116 de 2006 tardará entre 18 y 24 meses. La empresa aseguró que la máxima prioridad en esta etapa de desmantelamiento ordenado consistirá en garantizar el pago oportuno de los derechos, indemnizaciones y prestaciones laborales de todos los trabajadores afectados.
Por su parte, la Organización Carvajal aclaró a los mercados que este proceso judicial está delimitado a Propal y no afectará la estabilidad del resto de sus líneas de negocio en el país.

Este es el segundo gran golpe que recibe el Norte del Cauca en materia de generación de empleos e ingresos fiscales y tributarios para la región, pues como se recordará el El Ingenio La Cabaña se encuentra formalmente en proceso de liquidación judicial. La decisión fue ordenada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia el 17 de junio de 2026.
Esto ocurrió tras el fracaso de su proceso de reorganización empresarial (al cual se había acogido en 2024) debido a una crisis financiera insostenible con deudas que ascienden a los $1.2 billones de pesos. Las propias empresas del grupo solicitaron la liquidación al admitir que no podían continuar con la operación, dejando cesante 5700 empleos directos e indirectos.


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