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En Colombia como en otros países se ha crecido la ola de indignación por el crimen contra el joven colombiano abatido a tiros por agentes del ICE el cual fue identificado como Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien murió durante un operativo migratorio en Biddeford, Maine.
El trágico incidente ocurrió el 13 de julio de 2026, desatando una fuerte ola de indignación y protestas comunitarias debido a las irregularidades y contradicciones de las autoridades estadounidenses.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y su propia familia confirmaron que Joan Sebastián contaba con permiso de trabajo válido y número de Seguro Social en los Estados Unidos.
El lamentable operativo se dio en momentos cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaba un operativo dirigido contra otra persona en la zona.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, admitió posteriormente que el joven colombiano no era el objetivo de la orden de arresto y fue confundido.
El ataque armado se produjo a plena luz del día mientras el joven se encontraba en su vehículo junto a su hija de 3 años, quien presenció los hechos.
El ICE argumentó primeramente que el conductor intentó embestir a los agentes para huir, por lo que dispararon al percibir una amenaza a la seguridad pública.
Videos de seguridad y testimonios vecinales contradicen la versión oficial. Testigos informaron que los agentes dispararon a la cabeza del joven y que se le escuchó decir “intenté detenerme” antes de perder la vida. Además, causó rechazo que los oficiales no portaran cámaras corporales y que supuestamente esposaran el cuerpo en el suelo tras el tiroteo.
Ante la fuerte presión social y tras ocurrir un evento similar días antes con un ciudadano mexicano en Houston, el ICE ordenó suspender a nivel nacional las paradas de tráfico en vehículos para efectuar arrestos rutinarios.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumieron la investigación del caso. El agente involucrado que le quitó la vida al joven colombiano fue puesto de inmediato en licencia administrativa.
El gobierno colombiano, a través de su Cancillería y del presidente Gustavo Petro, condenó enérgicamente el hecho catalogándolo como un asesinato y exigió explicaciones claras a la administración estadounidense.
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