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El escándalo más reciente y grave que sacude al gobierno de Gustavo Petro se centra en las revelaciones periodísticas de Noticias Caracol sobre presuntas concesiones y pactos secretos con el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC), la estructura criminal heredera del paramilitarismo más grande del país y que creció considerablemente el número de sus integrantes y acciones criminales durante el mandato del actual gobierno en el marco de su “política de paz”, de acuerdo al propio Ministerio de Defensa.
La investigación periodística de Noticias Caracol divulgó audios y videos sumamente comprometedores. En ellos se escucha al ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, negociando prebendas con delegados de este grupo armado ilegal a solo tres semanas de haber iniciado el mandato presidencial en 2022.
A raíz de estas revelaciones, el presidente Gustavo Petro ya afronta una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por un presunto pacto ilegal con dicha organización criminal.
Las principales concesiones reveladas de acuerdo con los audios e informes publicados por la casa periodística y otros medios en los cuales se detallan los compromisos del Gobierno frente al grupo armado ilegal autor de centenares de masacres, secuestros, extorsiones y tráfico de sustancias narcóticas.
El plan incluyó una purga en las Fuerzas Militares pues Rueda prometió remover a mandos de la Fuerza Pública hostiles a la organización. En los audios se detalla el veto y retiro exprés de tres prestigiosos coroneles estratégicos de inteligencia y antinarcóticos.
Esto coincide sospechosamente con el histórico remezón militar de agosto de 2022, donde salieron más de 35 generales el que Petro y velásquez habrían acordado la purga en la s filas del ejército para complacer el grupo paramilitar.
El ex comisionado propuso un pacto de parálisis mutua “jugar a las escondidas” o “a los congelados”. En este acuerdo, el Ejército, la Policía y el Clan del Golfo frenarían operaciones en ciertos territorios bajo control ilegal.
Rueda llegó a pedirle al grupo criminal que delatara a militares que desobedecieran la orden presidencial y del ministerio de Defensa de frenar operativos.
De acuerdo a las pruebas reveladas por Caracol se ofrecieron garantías para suspender bombardeos aéreos y frenar los trámites de extradición hacia los Estados Unidos a cambio de generar “confianza” mutua.
Este escándalo estalla en la recta final del mandato de Gustavo Petro, coincidiendo con el periodo de transición hacia el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
El impacto institucional ha sido inmediato se ha presentado por ahora una denuncia penal y constitucional por el concejal de Bogotá Marco Acosta radicó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones, al tiempo que el congresista Crithian Garcés del Valle del Cauca hizo lo propio.
El recurso judicial exige investigar directamente al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, llamar a declarar a Danilo Rueda y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y asegurar de inmediato los registros y archivos oficiales como material probatorio.
La polémica coincide con el inicio del polémico traslado de miembros del Clan del Golfo hacia las controvertidas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó). Esta medida es fuertemente cuestionada por la opinión pública y el gobierno entrante, que ya anunció el fin definitivo de esta política de paz a partir del 7 de agosto.
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