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La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria formal al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de una investigación penal por presuntas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los años 90.
La decisión judicial está a cargo de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la cual determinó vincularlo formalmente bajo la presunción de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
El proceso unifica cuatro de los expedientes históricos más controvertidos del conflicto armado en el departamento de Antioquia: Masacres de Ituango: La posible responsabilidad por omisión en las matanzas paramilitares de La Granja (1996) y El Aro (1997), perpetradas por las Autodefensas mientras Uribe ejercía como Gobernador de Antioquia.
La Fiscalía igualmente intenta estudiar el presunto nexo con el asesinato en 1998 del abogado y defensor de derechos humanos, Jesús María Valle quien denunció la inacción del Estado ante las citadas masacres.
Una de las líneas de investigación estaría dirigida a la supuesta facilitación y promoción para la creación de la estructura paramilitar conocida como el “Bloque Metro” utilizando propiedades familiares en el municipio de San Roque.
El exmandatario confirmó la notificación a través de sus redes sociales oficiales, calificando el llamado como un nuevo “suplicio” y una “trama electoral” del ente investigador al servicio del actual presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda.
Aseguró el ex jefe de Estado que la Fiscalía tomó la decisión sin haber terminado de practicar todas las pruebas requeridas en el caso.
En cuanto a la defensa jurídica, por ahora sus abogados argumentan que los gobernadores en esa época carecían de mando operativo directo sobre la movilización de tropas de las Fuerzas Militares.
Esta decisión se da en el contexto político preelectoral y la citación se produce a pocas horas de la celebración de la segunda vuelta presidencial, lo que ha generado fuertes debates y acusaciones de instrumentalización de la justicia entre simpatizantes del Centro Democrático y sectores de oposición.
De otra parte organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) respaldaron la medida, calificándola como un avance significativo en contra de la impunidad y a favor de los derechos de reparación de las víctimas.
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