Trabajadores del Ingenio La Cabaña piden intervención del gobierno Nacional para solucionar crisis laboral tras anuncio del cierre y liquidación de la agroindustria azucarera.

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Tras darse  el bloqueo en el peaje de Villa Rica  sobre  la  carretera  Panamericana , medida tomada para visibilizar la crisis, se instaló hoy 17 de junio de 2026 una mesa de diálogo.

Esta contó con la participación de representantes del Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sindicales, trabajadores, delegados del Ingenio La Cabaña, las alcaldesas Maria Edis Dinas de  Villa Rica , Luz Adíela Salazar Gómez de  Puerto Tejada y el alcalde de Guachené Wilinton Mina Vidal.

Durante el encuentro se escucharon las inquietudes de los trabajadores y los diferentes sectores involucrados, buscando avanzar en la construcción de rutas que permitan encontrar una salida concertada a la situación actual.

La situación del Ingenio La Cabaña continúa generando preocupación en la región, cada vez son más las voces que solicitan apoyo a la Nación. Sus trabajadores han manifestado la necesidad de encontrar alternativas que permitan proteger sus empleos y garantizar el sustento de las familias que dependen de esta actividad económica en el norte del Cauca.

Como parte de los acuerdos, se dará continuidad a la agenda de diálogo. Este viernes 19 se realizará una nueva reunión con la participación de la Viceministra del Trabajo y, posteriormente, el lunes 22 se desarrollará un encuentro en el Ministerio del Trabajo con alcaldes del norte del Cauca, delegados de Asocaña, propietarios del Ingenio La Cabaña y líderes sindicales.

Como  es  sabido la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de las empresas Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A., domiciliadas en Guachené (Cauca), tras fracasar su intento de reorganización empresarial.

La decisión fue adoptada mediante los autos 2026-01-481584 y 2026-01-481615 del 17 de junio de 2026, luego de que las propias compañías informaran al juez del concurso la imposibilidad de continuar con el proceso de reorganización y alcanzar un acuerdo con sus acreedores dentro de los plazos legales.

Según lo expuesto por las sociedades, la crisis obedeció a la convergencia de factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos, sumados a la difícil situación que atraviesa el sector azucarero. A esto se agregaron restricciones de liquidez, dificultades para acceder a nuevos recursos de capital de trabajo y condiciones operativas que comprometieron la continuidad del negocio.

La Superintendencia señaló que durante el trámite concursal garantizó el cumplimiento de todas las etapas previstas en la Ley 1116 de 2006, incluyendo la admisión al proceso de reorganización, la aprobación de la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, así como la valoración del inventario de activos en audiencias realizadas en febrero de 2026.

Al no concretarse un acuerdo de reorganización dentro de los términos establecidos, el juez del concurso declaró la terminación del proceso recuperatorio y ordenó la liquidación judicial de las compañías.

Con esta medida, se busca proteger el patrimonio de los deudores, preservar el valor de los activos y garantizar el pago de las acreencias conforme al orden de prelación establecido por la ley.

Esta  situación  afecta al menos 3700 puestos  directos e  indirectos de  trabajo en las  distintas  áreas del  complejo agroindustrial  con 80 años de historia en la región los que se pierden, además del impacto socio-económico en la zona de influencia así  como los impuestos  y contribuciones  a  los  entes territoriales.

Redacciòn