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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó penalmente al expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un hecho en el que fallecieron cuatro pilotos.
El proceso formal fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida e incluye un total de siete cargos criminales contra Castro, quien actualmente tiene 94 años: Cuatro cargos de asesinato. Dos cargos por destrucción de aeronaves. Un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
De ser declarado culpable en los tribunales estadounidenses, el exmandatario cubano podría enfrentar penas que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.
La acusación se fundamenta con pruebas en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996. Dos cazas de combate militares tipo MiG de las Fuerzas Armadas cubanas derribaron dos avionetas Cessna desarmadas pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate.
Dicha organización operaba vuelos en el estrecho de la Florida con el fin de rastrear y auxiliar a balseros cubanos que huían de la isla. En el ataque fallecieron los pilotos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Aunque el régimen de La Habana argumentó históricamente que las aeronaves violaron su espacio aéreo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el derribo ocurrió en aguas internacionales.
Para la Fiscalía de EE. UU., una de las pruebas centrales es una grabación de audio de 1996 en la que Castro (quien era ministro de las Fuerzas Armadas en ese entonces) admite haber ordenado derribar las aeronaves en el mar.
Junto con Raúl Castro, el Departamento de Justicia de EE. UU. imputó a otros cinco militares y pilotos cubanos implicados en la cadena de mando u operación del ataque: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez ,quien es el único de los acusados que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses, tras haber sido arrestado previamente por presunto fraude migratorio.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la medida envía un mensaje claro de justicia contra quienes asesinen a ciudadanos estadounidenses. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que por ahora no busca una escalada militar inmediata o forzosa, señalando que la orden de arresto está emitida y esperan que se cumpla.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó enérgicamente la imputación. La calificó como una “acción política sin basamento jurídico” y denunció que forma parte de una campaña de la administración estadounidense para fabricar pretextos que justifiquen una agresión militar directa contra la isla.
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