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La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud del Gobierno Nacional que preside Gustavo Petro Urrego para suspender las órdenes de captura contra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla y otros 28 integrantes del Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia).
Los puntos clave de esta decisión, informada este 12 de mayo de 2026, son: Falta de garantías: El ente acusador, liderado por la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, argumentó que no existe información suficiente ni verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales para avanzar en un proceso de paz con esta estructura.
La Fiscalía estableció que, para proceder con la suspensión, el grupo criminal de alta peligrosidad y amplio prontuario delictivo, debe cumplir condiciones verificables antes del 25 de junio de 2026, tales como, el verdadero cese de hostilidades contra la población civil, la entrega de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado la suspensión de actividades ilícitas y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Fiscal General igualmente le advirtió al gobierno de Gustavo Petro que Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, máximo cabecilla del grupo delincuencial, tiene vigente una solicitud de extradición a Estados Unidos que ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema desde finales de 2025 por lo que instó al Gobierno a “honrar los compromisos de cooperación judicial” en este caso, como en este caso que se trata un “delincuente de las peores calañas”.
La negativa del ente investigador frena, por ahora, el traslado de estos cabecillas a las zonas pactadas en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó) para los diálogos previstos para lo cual seguirá exigiendo el Alto Comisionado para la Paz José Otty Patiño Hormaza, antes que culmine el actual mandato presidencial.
El presidente Gustavo Petro aseguró que en ningún momento autorizó la inclusión de personas con solicitudes de extradición dentro del listado de integrantes del Clan del Golfo que serían trasladados a zonas de ubicación temporal como parte del proceso de conversaciones con el Gobierno, con lo cual desautorizó a Otty Patiño.
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