La  JEP  actualiza en 7.837 las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o “Falsos Positivos”.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó la cifra oficial de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (conocidas como “falsos positivos”) en Colombia, elevando el número de 6,402 a 7,837 víctimas.

El Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el macrocaso que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos comúnmente como “falsos positivos”.

Este incremento responde a una profundización de las investigaciones dentro del Caso 03 y se sustenta principalmente en dos cambios técnicos:

De un lado la ampliación del Rango Temporal: Anteriormente, el análisis se centraba en el periodo de mayor intensidad entre 2002 y 2008. La nueva cifra incluye ahora casos documentados entre 1990 y 2016.

Y de otra parte tras el contraste de nuevas fuentes: El tribunal integró y cruzó bases de datos adicionales, incluyendo informes de la Procuraduría General de la Nación y otros organismos del Estado que no habían sido totalmente contabilizados en el reporte inicial.

La JEP ha enfatizado que estos datos son provisionales y podrían seguir aumentando a medida que avancen las audiencias de versiones voluntarias y los testimonios de comparecientes.

Las investigaciones continúan enfocándose en zonas críticas como Antioquia, donde recientemente se imputaron crímenes a altos mandos militares por casos de tortura y asesinatos en el oriente del departamento.

Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, destacó que, gracias al trabajo conjunto con entidades como la Fiscalía, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda, se han logrado identificar y entregar dignamente los restos de 13 víctimas a sus familias.  

En cuanto a responsabilidades, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 40 máximos responsables pertenecientes a la Cuarta Brigada y seis batallones. Mientras los comandantes de brigada no han aceptado responsabilidad, siete de once comandantes de batallón sí lo hicieron, lo que representa avances frente a la justicia ordinaria.

Redacciòn