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Un proyecto de decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro le entregará recursos para salud al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) de acuerdo a la modificación realizada por el Ministerio de Salud de un artículo del Decreto Ley 968 de 2024 expedido en agosto de ese año para implementar las normas que permitan la operación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi) para el territorio que conforma el Consejo regional Indígena del Cauca Cric.
Esos actos administrativos hacen parte de la legislación que tiene Colombia desde los planes nacionales de desarrollo de 2010–2014 y 2014–2018, que abordaban la necesidad de construir e implementar un modelo de salud indígena para reconocerle a estas comunidades sus saberes ancestrales y conocimiento propios.
A esos planes de desarrollo se sumaron el Decreto 1953 de 2014, un parágrafo de la Ley 1751 de 2015, el Decreto Ley 968, y el Decreto 0480 de 2025, que implementa el Sispi como política de Estado, en los cuales han venido exigiendo la dirigencia y máximo voceros del movimiento indígena en sus protestas.
El proyecto de decreto del Minsalud dispone hasta $300.000 millones “en favor del Territorio Indígena que conforma el Cric” para la transición de la entidad promotora de salud (EPS) Asociación Indígena del Cauca (AIC) hacia el Sispi. El documento fue enviado al Ministerio de Hacienda el pasado 23 de febrero.
El documento está a la espera de la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y esta semana hubo una comisión de contratistas en Popayán, “mientras se espera que el Cric se certifique”.
A las EPS indígenas (a las que se afilia esa población, en reconocimiento a la autonomía que el Estado le da a esas comunidades) también se les entrega, como a las del sistema general (regímenes contributivo y subsidiado), una unidad de pago por capitación (UPC). Esta se refiere a la plata que el Estado les da para garantizar la atención de los afiliados.
A las aseguradoras indígenas se les puede entregar más UPC: hasta un 50% por encima de la que reciben las demás porque las comunidades indígenas están “en zonas dispersas y rurales, lo cual es tenido en cuenta para calcular la unidad en atención al gasto de transportes y desplazamientos”.
La resolución del Ministerio de Salud que estableció el incremento de la unidad de pago para 2026, reconoció un 4,81% más de plata para las EPS indígenas, otro 26% más para “asegurar la transición” al Sispi y otro 11,47% más por dispersión geográfica.
En el proyecto de decreto, que está a la espera de la firma del ministerio de Hacienda, señala que los recursos —que pueden ser hasta $300.000 millones— se destinarán a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Estos son hospitales y clínicas, y proveedores con quienes la EPS AIC “tenga deudas o recursos pendientes de pago por la prestación de servicios” de su población afiliada que tenga reportadas y certificado ante la superintendencia del sector.
Según datos del Ministerio del Interior, hay al menos 159 organizaciones y asociaciones indígenas, pero el sistema del Cric en el Cauca ha sido el único proyectado, para entregarle recursos con el fin de pagar deudas.
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