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El Gobierno de Chile ha iniciado oficialmente un proceso de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular durante la tercera semana de abril de 2026.
De esta manera se da cumplimiento a la promesa electoral del presidente José Antonio Kast de implementar una nueva fase de una política migratoria con la ejecución del primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular, marcando un giro inmediato en la estrategia del Ejecutivo.
Esta medida forma parte de la nueva política migratoria impulsada por el presidente José Antonio Kast, orientada a endurecer el control fronterizo y combatir el crimen organizado.
Este jueves 16 de abril de 2026, despegó desde Santiago el primer avión de la Fuerza Aérea de Chile con 40 personas a bordo. El vuelo realizó escalas en Bolivia y Ecuador antes de aterrizar en Bogotá,con 19 ciudadanos colombianos deportados, transportando ciudadanos de esas tres nacionalidades.
Este vuelo constituye el primero de una serie de vuelos que el Gobierno prevé realizar de forma periódica como parte de su plan para reducir la presencia de personas sin documentación en el país. La medida responde a una de las principales promesas de campaña del mandatario y busca instalar un sistema continuo de expulsiones.
Este endurecimiento se complementa con una decisión clave: el Ejecutivo ha optado por frenar la regularización de más de 180.000 migrantes que habían ingresado al país de forma irregular, una iniciativa impulsada que se también se adelantó durante el mandato del expresidente Gabriel Boric. La nueva Administración descarta así la entrega masiva de permisos de residencia y apuesta por un enfoque mucho más restrictivo.
Según las autoridades Chilenas, al menos 6.000 de las personas inscritas en ese proceso habrían estado implicadas en algún tipo de delito, un argumento que ha sido central para justificar el cambio de rumbo en la política migratoria.
En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para reforzar el control fronterizo en el norte del país, que incluye la construcción de barreras físicas, el aumento de la vigilancia mediante tecnología y el despliegue de personal militar en zonas clave.
El conservador Kast ha vinculado el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular y ha prometido medidas más contundentes contra el crimen organizado, incluyendo proyectos de ley para sancionar tanto el ingreso ilegal como a quienes faciliten la entrada clandestina de extranjeros.
Además, este giro en materia migratoria se enmarca dentro de una agenda más amplia del Ejecutivo, que contempla más de 40 medidas económicas y sociales orientadas a reactivar el crecimiento y redefinir el rumbo del país.
Las autoridades han indicado que existen más de 75,000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución.
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