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Nuevamente las autoridades han confirmado la muerte violenta de tres personas en la vereda de Obando de Guachené cuando sujetos armados ultimaron a bala tres ciudadanos entre ellas dos adultos mayores y quienes departía en esta zona rural del Norte del Cauca en donde vienen ocurriendo desde hace algunos meses una crisis notable en el orden público con altos índices de inseguridad propiciados por las bandas criminales que delinquen en la región.
Informaciones preliminares indican que el hecho ocurrió al interior de un establecimiento abierto al público ubicado en la vereda Obando, a unos 30 minutos del casco urbano. En medio del ataque también resultó herido un joven que se encontraba en el lugar y al parecer era el objetivo el atentado. Las víctimas fueron identificadas como Olver Carabalí, de 70 años; Fanor Carabalí, de 57; y James Uriel Vivas Tróchez, de 66, todos residentes de la misma vereda y ampliamente conocidos donde ocurrió la masacre.
Guachené que en otrora había sido catalogado como un “Remanzo de Paz”, municipio agroindustrial de promisorio futuro con gran avance en temas educativos, culturales y deportivos hoy atraviesa una de sus peores crisis en temas como la seguridad y convivencia ciudadana ,pues en los últimos meses se ha registrado un aumento de asesinatos selectivos, incluidos casos que involucran a jóvenes y menores de edad. Esta situación ha provocado el desplazamiento forzado de varias familias, así como constantes amenazas contra líderes sociales.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el departamento del Cauca experimenta una grave crisis humanitaria con múltiples masacres documentadas entre 2025 y 2026. Estas acciones violentas están ligadas a disputas territoriales entre grupos disidentes de las FARC , el ELN y bandas delincuenciales por el control de economías ilícitas.
En respuesta a la masacre de Obando y a la constante inseguridad, la comunidad de Guachené mantiene un bloqueo total en el peaje de Villa Rica (vía Cali-Popayán), exigiendo la presencia de los Gobiernos Nacional y Departamental para implementar seriamente medidas de protección efectivas para las comunidades afectadas.
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