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Una carta firmada por 31 congresistas de izquierda, entre ellos el hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro, ganador de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, encendió la controversia este domingo 14 de diciembre de 2025 sobre la detención de 11 jóvenes acusados de terrorismo en Bogotá.
El documento, resume según su contenido la posición de una parte del Congreso que exige garantías y libertad para los detenidos.
La petición contrasta con el robusto expediente judicial presentado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación y dejaría al descubierto la división entre los que consideran que se criminaliza la protesta social y los que defienden la contundencia de las pruebas técnicas efectuadas.
El comunicado, que corresponde a la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad del Congreso, advirtió sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los detenidos: que han participado en las jornadas que se han llevado a cabo en la ciudad.
La misiva sostiene que los jóvenes han sido víctimas de “hostigamientos, señalamientos y persecución” por parte de la fuerza pública , y que su accionar se enmarca en el derecho constitucional a la protesta y la organización social y que los incriminados deben asumir sus imputaciones en plena libertad pues no ofrecen ningún peligro para la sociedad
“Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”, se leyó en el texto firmado por los parlamentarios.
Entre los firmantes se encuentran Aida Quilcué, Ariel Ávila, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, identificados con sectores de izquierda. Según el documento, los detenidos han sido objeto permanente de “hostigamientos, señalamientos y persecución”, en acciones que los congresistas consideran violatorias del derecho constitucional a la protesta y la organización social.
La carta conminó al Estado el cumplimiento de garantías y medidas orientadas a evitar la estigmatización. “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos legalmente establecidos y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, se leyó en el documento. En esta línea, los congresistas insistieron en la necesidad de que los capturados puedan enfrentar sus procesos en libertad, sin que la prisión preventiva se utilice como medida restrictiva.
Los nombres señalados en la misiva y que, según los congresistas, deben ver respetados sus derechos son Sebastián Santiesteban Lozano, Omar Millet Araya Romero, Siaira María Pinzón Camargo, María Victoria Betancourt Lauria, Sebastián Narváez Holguín, Xiomara Katherine Amaro Cortes, Luis Alejandro Gamboa Suárez e Isabel Yoana Rodríguez Bernal. Aunque ninguno de los firmantes hizo referencia a las pruebas técnicas y verificadas en investigaciones con más de una año de la Policía y la Fiscalía.
Cabe destacar que los antes policiales y de investigación han señalado que existe un amplio acervo probatorio reunido durante más de un año de investigación sobre los que señala como delincuentes y peligroso criminales. De acuerdo con información a los medios, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, además de entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, análisis en redes sociales, agentes encubiertos y 13 diligencias de allanamiento en Bogotá.
De acuerdo con la Policía, los acusados pertenecen a la organización PPP, que sería una brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, que se habría infiltrado en universidades públicas usando carnés falsos con el objetivo de planear acciones y fabricar artefactos explosivos, como papas bomba y cocteles molotov. Estos artefactos se emplearon presuntamente en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del Sitp y uniformados, con daños materiales.
Mientras se insistió por parte de los congresistas firmantes en que el caso fue construido un montaje “en coordinación con la Fiscalía y sustentado en evidencia técnica y judicial”, los 31 legisladores demandan una interpretación menos restrictiva basada en el derecho de reunión y protesta. “Instamos a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en especial en relación con jóvenes privados de la libertad”, reafirmó.
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