Un juzgado de Bogotá sentenció a Harby Damián Rodríguez por el asesinato y la tortura del estudiante de Derecho, una muerte que desató el caos en Bogotá en 2020
Hecho que originó la jornada de protesta más violenta de la historia reciente de la capital colombiana y que finalmente tuvo este martes un desenlace.
El ex patrullero de policía Harbyi Damian Rodríguez fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y la tortura a Javier Ordóñez, quien falleció en la noche del 8 de septiembre de 2020.
Ha sido un juez penal especializado de Bogotá con las pruebas aportadas por la Fiscalía quien encontró que el ex uniformado de la Policía Nacional como es responsable directo del homicidio agravado y tortura agravada de este estudiante de Derecho, dos de los delitos más graves de la legislación colombiana.
Aquel día como se recordará, el video en el que quedó documentada la agresión se hizo viral. Él aparecía tirado en el suelo, sometido por dos policías. “Por favor, por favor”, decía Javier, instándolos a que pararan, mientras lo reducían en el suelo.
Uno de ellos era Juan Camilo Lloreda, quien asumió su responsabilidad cuando el proceso iniciaba y fue condenado a 20 años de cárcel en abril de 2021. El otro era Rodríguez, quien inicialmente también se había acogido al arreglo, pero luego se retractó y se declaró inocente. El proceso en su contra siguió su curso y este martes la justicia dictó sentencia.
La muerte de Ordóñez, un hombre de 44 años al que le faltaba un examen para convertirse en abogado —primero había estudiado aeronáutica, pero trabajaba como conductor de taxi—, desencadenó al día siguiente una jornada de protestas de gran magnitud, conocida como el 9-S.
Miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el acto de violencia policial, lo que originó la indignación nacional que sumada a la torpeza del gobierno de Iván Duque Márquez de presentar un Reforma Tributaria en plena pandemia desató la protesta nacional .
Las imágenes también mostraban a los policías haciendo varias descargas con una pistola eléctrica o ‘taser’, un arma etiquetada como “no letal”. Juan David Uribe, un amigo que presenció la escena, habría de relatar: “El policía la emprende contra él, le meten como 5 o 6 choques eléctricos. El último se lo dejan demasiado tiempo”.
En medio de las restricciones decretadas por la pandemia de COVID-19, Javier Ordóñez estaba en su apartamiento tomando licor con algunos amigos. Salieron a comprar más bebidas a una tienda. Una patrulla los detuvo y les pidió sus documentos.
La tensión escaló y tanto Ordóñez como Wilder Andrés Salazar, un amigo que lo acompañaba, fueron subidos a un vehículo policial y conducidos al CAI (Comando de Atención Inmediata) del barrio Villa luz, en el noroccidente de la ciudad.
El coronel Alexander Amaya dijo que la Policía llegó a atender una riña, y el patrullero Lloreda apuntó en ese mismo sentido: aseguró que Ordóñez los había increpado. Pero los testigos señalaban que Javier ni fue agresivo ni estaba armado.
Se calcula que al menos 14 personas murieron y cerca de 140 resultaron heridas en la jornada; más de la mitad eran policías.
La ola de violencia se extendió a Cali y a Medellín. El análisis de las causas de la muerte de Ordóñez evidenció que sufrió nueve fracturas de cráneo y que uno de sus riñones se había estallado.
Esto llevó a que la Fiscalía argumentara que había sido golpeado con sevicia. Tras las protestas, la Policía y el Gobierno de Iván Duque anunciaron reformas para evitar y sancionar los abusos policiales.
La familia de Javier aceptó el perdón que le ofreció el general Gustavo Moreno, entonces director encargado de la Policía Nacional, en nombre de la institución. Pero solo hasta este martes hubo una decisión de la Justicia.
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