El ministro de Hacienda designado por el presidente Gustavo Petro Urrego, José Antonio Ocampo Gaviria, confirmó este jueves que la reforma tributaria, que se presentará al Congreso de la República, incluirá el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados para ser debatidos por los legisladores .
Para el próximo gobierno es prioritario implementar un impuesto a las bebidas azucaradas que tendría como objetivo financiar los gastos en salud del Estado y desincentivar el consumo de esos productos procesados.
Así lo había detallado la ministra de Salud designada, Diana Carolina Corcho Mejía, quien le había pedido a su par de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, tener ese renglón muy en cuenta en la reforma tributaria que se tramitará en este 2022 y que será la bandera del presidente entrante a partir del 7 de Agosto, Gustavo Petro.
La creación de esa tasa ha sido una cuestión de años de debates en el Congreso, pero que jamás ha llegado a buen término por falta de apoyo legislativo y porque la Casa de Nariño no le ha dado mensaje de urgencia y el Lobby de las empresas que producen este tipo de productos de consumo popular.
De esta manera además de subirle los gravámenes a las gaseosas, jugos de cajita o de bolsa, en las discusiones del Congreso de la república también se ha tendrá en cuenta la posibilidad de implementar un etiquetado de alerta en los productos ultra procesados que también se contemplan gravarlos.
Todo indica que esas premisas ahora sí encontrarán el visto bueno de los congresistas, pues el tema entraría en la agenda del Gobierno, cuya bancada será mayoritaria en el hemiciclo que tomó posesión el 20 de julio y cuyo pulso se le ganó al designado director de DIAN Luis Carlos Reyes Hernández quien se había mostrado en desacuerdo con incluir estos productos en la Tributaria que se presentará en los próximos días.
Eso, sin embargo, podría estar por cambiar porque la ministra Corcho considera que los impuestos a las bebidas azucaradas, “Además de tener efectos saludables en la salud pública porque desincentiva el consumo de gaseosas y azúcares, disminuyen las enfermedades crónicas no transmisibles y podrían ser una fuente de recaudo”.
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