Luego de que la Contraloría y la Fiscalía iniciaran sus acciones por la presunta pérdida o manejo irregular de miles de millones de pesos de dineros destinados a proyectos de inversión por el Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación anunció este jueves 7 de julio que adelanta 24 actuaciones para investigar esas irregularidades.
Las actuaciones disciplinarias por ahora es cerca de $ 250 mil millones, comprometen proyectos ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Según la Procuraduría, se priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de 437 mil millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.
Han sido los periodistas Sebastian Nohra y Valeria Santos, periodistas de Blu Radio y de Cambio, tras seis meses de investigación, quienes han develado mientras investigan los entes de control uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos.
Según su investigación, bajo la gestión de Luis Alberto Rodríguez Ospino, en la Dirección Nacional de Planeación. “funcionarios de esa entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del Partido Conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz”, reseñaron.
No obstante, según precisaron Nohra y Santos, los protagonistas del presunto desfalco provienen del Cesar. “Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021 fueron Luis Alberto Rodríguez Ospino,Emilio Archila Peñalosa, exconsejero para el Posconflicto, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz (cesarense); y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública”, narraron en Blu Radio los periodistas .
Pero el papel protagónico, al parecer, lo tendría el congresista cesarense del Partido Conservador, Alferdo Ape Cuello Baute. Varios alcaldes de los municipios Pdet le dijeron a Blu Radio que “para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, “pagar entre 6 % y 15 % de dádivas”, señalando con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.
“De acuerdo con diferentes hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz», dice el reporte de la entidad.
Además, el documento expuso que en estas anomalías estarían involucrados funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el acuerdo de paz de La Habana y son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y el El OCAD – Paz, es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto.
Según los periodistas de Blu Radio y Cambio que investigaron este pesunto entramado de corrupción en los territorios , entre junio y diciembre de 2021, “cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos”.
Rodríguez Ospino, oriundo de Valledupar y con credencial conservadora, actualmente está en campaña para ser contralor general. Entre los nombres mencionados, se encuentra el de Yamil Arana, representante a la Cámara del Partido Conservador, nacido en Magangué.
Según la información expuesta por los periodistas y fuentes cercanas a Arana, no hay pruebas para establecer una responsabilidad directa del congresista bolivarense, pues este fungió como invitado en algunas reuniones, sin injerencia en cuanto a voto o decisión para dirigir recursos.
Los periodistas encontraron que, entre 2019 y 2022, Cesar recibió 652.852 millones de pesos mientras que Guainía obtuvo 1.500 millones de pesos. “Según varios testimonios, esto fue posible gracias a los favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país”, señalaron.
Al cesarense Aníbal José Quiroz Monsalvo, contralor delegado de la Unidad de Regalías, lo denunciaron por rechazar proyectos aun cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades: “Los conceptos emitidos por la Contraloría, ejerciendo el control preventivo, fueron poco ‘técnicos’ livianos e injustificados para apretar alcaldes y tumbar proyectos para que el comité Ocad-Paz no les diera luz verde”, aseguró la pesquisa periodística.
En la misma línea, la Secretaría técnica del Ocad-Paz estaba a cargo de Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP. “Él elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y, para ello, debía tener en cuenta el orden en el que se inscribían, pero al parecer no fue así. Los alcaldes de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, se quejaron por escrito al considerar que en la priorización de los proyectos no se tenía en cuenta este orden”, reveló la investigación.
La situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz y deberá ampliar ante la Fiscalía las denuncias que el mismo tramitó cuando se conocieron las investigaciones de persunta corrupción.
En un correo recibido por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”´, establecieron los periodistas.
Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo.
El senador electo Santandereano Jonathan Ferney Pulido Hernández conocido en las redes sociales como Jota Pe Hernández quien es un popular generador de contenido para plataformas digitales como Youtube y también con fuerte presencia en Instagram,realizó un resumen de este nuevo hecho de supuesta corrupción con los dineros destinados a implementar el acuerdo de Paz en los municipios afectados por la espiral de la violencia.
La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada, proviene del 7 % de las regalías y, por su diseño, pone a competir a los 170 municipios Pdet para obtener la financiación de sus proyectos. Tampoco existe un tope legal para el número de iniciativas o de presupuesto, que se puede aprobar a una región, pero la ley señala que el Ocad debe distribuir los recursos con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares.
Para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del Ocad-Paz, deben cumplir con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP; del ministerio sectorial al que pertenece el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría General de la República.
Debe estar conectado para enviar un comentario.