Gobierno lanza ofensiva contra el Clan de Golfo cuyo paro armado afecta 10 Departamentos

Los habitantes del noroccidente de Colombia ajustaron 72 horas padeciendo las violentas retaliaciones del Clan del Golfo por la extradición de su cabecilla, Dairo Úsuga David (“Otoniel”), mientras el Gobierno y la Fuerza Pública tratan de mitigar la zozobra con mensajes de apoyo y planes de choque que comprende  una  ofensiva  con más de  3mil  integrantes de la Fuerza Pública.

El paro armado impulsado por la organización criminal comenzó en la madrugada del jueves 5 de mayo, justo cuando el capo aterrizaba en suelo estadounidense, bajo la custodia de los U.S. Marshalls y la agencia Homeland Security.

Con una oleada de acciones terroristas con más de 110 vehículos quemamos, cuatro personas asesinadas (tres civiles y un policía), decenas de vuelos regionales cancelados, establecimientos comerciales cerrados, rutas terrestres suspendidas, hostigamientos a la Policía y eventos cancelados, los violentos han puesto en “jaque”  a  las  autoridades y creado el caos en diez  Departamentos.

A medida que se conocen los desmanes, también crece la tensión en otros departamentos con influencia de ese grupo al margen de  la  ley, como Norte de Santander, La Guajira, Meta, Valle, Atlántico y Nariño, además de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia.

Las pérdidas económicas  son  gigantescas, teniendo en cuenta que los comerciantes esperaban un incremento en sus ingresos por el fin de semana de las Madres. Fenalco calculaba un 25% de aumento en ventas durante una jornada en la que, según una encuesta interna, el 82% de los colombianos festejaría.

Con los restaurantes, locales y tiendas cerradas en cerca de 60 municipios de las áreas más críticas, esta expectativa no se cumplirá.

El general Jorge Vargas, director de la Policía, responsabilizó de estas acciones terroristas a tres herederos de “Otoniel” e integrantes del estado mayor del Clan: Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), Wilmer Giraldo (“Siopas”) y Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”). Por los dos primeros, que quedaron al mando del cartel, el Gobierno aumentó la recompensa a $5.000 millones.

El ministro de Defensa, Diego Andrés Molano  Aponte ha  encabezado tres consejos de seguridad regionales, en compañía de altos mandos de la Fuerza Pública, gobernadores y alcaldes.

Una de las decisiones tomadas fue la creación de un Bloque de Búsqueda con fuerzas especiales de la Policía y el Ejército, para atacar al Clan del Golfo de  manera frontal  y sin consideraciones en sus principales áreas de influencia. También se incrementaron los patrullajes terrestres y aéreos, y caravanas con escolta armada, sin embargo  las  acciones terroristas  se han  incrementado.

Los gremios económicos de la  región consideran que  el  gobierno se quedó “dormido” por  no haber ejecutado estrategias preventivas, pues se  trataba de un paro era previsible, anunciado y de  consecuencias  nefastas según el comportamiento histórico de esta facción criminal, que sigue creando zozobra, miedo e  inestabilidad.