Un grupo de personas encabezadas por el abogado y líder comunitario Luis Carlos Silva protestaron en las afueras de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, tras la decisión de la entidad de trasladar hacia el municipio de Funza en Cundinamarca de al menos 70mil carpetas con la historia de los predios urbanos y rurales de seis municipios Nortecaucanos con el prurito de organizarlos.
El jurisconsulto señaló que es “Inexplicable y absurdo, además de sospechoso que la entidad ordene este traslado del registro de predios de municipios como Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Villarica y Santander de Quilichao”.
El abogado sostuvo que se estaría vulnerando además la “guarda de la fe pública” de los miles de propietarios que tienen inscriptos sus propiedades en esta oficina oficial.
Toda la documentación, escrituras de predios, certificados de tradición y libertad, que son sometidos a continua utilización y consulta administrativa en las oficinas de registro de instrumentos públicos, es decir, los archivos de gestión cotidiana de Popayán, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, El Bordo, Silvia, en el Departamento del Cauca, y de otras regiones del país (en total son 16, incluyendo a Cartagena e Ibagué), serán trasladados a una bodega en Funza, Cundinamarca, por disposición de la Superintendencia de Notariado y Registro, que le dio por asumir la delicada tarea de custodiar directamente la memoria documental de estos pueblos, según “un contrato con un operador en gestión y digitalización documental, con el objeto de realizar dicha labor…” . Advirtió el conocido periodista Alfonso Luna Geller en el periódico Proclama del cauca.
Carmenza León Larrahondo, Personera Municipal de Santander de Quilichao quien en sus declaraciones para Proclama del Cauca reconoce que “no somos competentes para intervenir el convenio celebrado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID”, entidad que a su vez celebró el contrato con el desconocido operador.
Por eso acudió a denunciar lo que está ocurriendo a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Dirección General de Archivo, a la Alcaldía de Santander y al Concejo Municipal.
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