Armando Benedetti será investigado por desfalco de 80mil millones en Córdoba

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El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió a la Corte Suprema de Justicia indagar la presunta participación del senador y actual director  del partido de La U Armando Benedetti, en un caso de corrupción ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.

La solicitud elevada por Martínez, se produce luego de que el ente investigador le otorgará un principio de oportunidad a una persona implicada en el caso identificada como Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien señaló al senador de haber participado  descaradamente en el millonario desfalco.

“El 21 de noviembre pasado el Fiscal Quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías Nacionales, Alfredo Parada Ayala, compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Armando Benedetti con ocasión del proceso que sobre la defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, señaló la Fiscalía en un comunicado de tres puntos.

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En ese sentido será la Corte Suprema de Justicia la que indague si el senador incurrió en algún delito en el escándalo que involucra a más de 20 personas en un desfalco de 80 mil millones de pesos.

¿Qué investiga la Fiscalía en este caso?

En octubre de 2015, la Fiscalía capturó a un grupo de abogados y funcionarios judiciales, quienes presuntamente a través de procesos ejecutivos laborales lograban el cobro de dinero, que se hallaba en una entidad bancaria.

La investigación, adelantada por la unidad de corrupción de la Fiscalía, señaló que entre 2010 y 2012 se tramitaron irregularmente en el juzgado civil del circuito de Lorica (Córdoba) varios procesos con poderes falsos, así como también resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsos, y resoluciones de la secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.

Según la Fiscalía, los casos llegaban al juzgado civil de Lorica, y una serie de abogados y otros funcionarios, con documentos falsos, emprendían el reconocimiento y pago de pensiones ante ese juzgado, que hizo pagar una suma aproximada a los 80 mil millones de pesos al Estado.