
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, afirmó que se están realizando investigaciones contra 78 redes de contratistas que, se habrían quedado con contratos por $20 billones a través de maniobras fraudulentas.
Estas redes de corrupción, operaban presentándose a las licitaciones individualmente, pero en realidad eran controladas por un único beneficiario, además una sola de esas redes se habría quedado con 6 billones de pesos en contratos firmados en 29 departamentos del país.
La Fiscalía ha detectado, que muchas empresas investigadas reportan experiencia en áreas disímiles como recreación, nutrición e infraestructura.
Para luchar contra la corrupción, el fiscal anunció que en los próximos días serán contratados 100 nuevos contadores públicos que se encargarán de apoyar las investigaciones contra las empresas que se quedan con los contratos usando métodos corruptos.
Martinez Neira anunció igualmente que inicia de esta manera su guerra frontal contra las «mafias» de contratistas del Estado colombiano y que no dará el brazo a torcer en esta cruzada que abarca varias regiones del país.

En su visita a la Costa Caribe el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció este miércoles que citó a interrogatorio a dos representantes legales de Electricaribe y que indaga a tres alcaldes de la región Caribe por los hallazgos fiscales establecidos por la Contraloría , y que hacen alusión a 83 contratos para normalización de redes eléctricas por $65.000 millones, que el operador español no ejecutó durante 2011 y 2012, afectando a unos 41.000 usuarios del servicio.
Las pesquisas se realizan a raíz de la compulsa de copias que hizo el contralor Edgardo Maya Villazón en junio de este año, informó la Fiscalía, y agregó que “esta es solo una de las indagaciones que se lleva relacionadas con esa empresa, en la cual se han dispuesto dos interrogatorios, en relación con representantes legales de la misma”.
Al respecto, el fiscal general, en rueda de prensa, advirtió que “se está indagando sobre la realidad que pueda tener desde la perspectiva penal la forma como se desarrollaron esos convenios”.


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