Las Farc, en cabeza de alias ‘Jesús Santrich’, uno de sus negociadores en La Habana (Cuba), la emprendió este miércoles contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, luego de que el funcionario advirtiera que los delitos que cometan los guerrilleros con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo de paz serán investigados por la justicia ordinaria y no por el tribunal especial para la paz.

A través de una serie de mensajes en Twitter, Seusis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, se fue lanza en ristre contra el jefe del ente investigador, quien previamente anunció que, antes de que entre en vigencia el acuerdo, las Farc deben entregar e informar sobre los bienes que adquirieron de manera ilegal durante el conflicto.

Ante la advertencia, ‘Jesús Santrich’ cuestionó al fiscal y lo acusó de defender a financiadores y organizaciones al servicio del paramilitarismo. 

 Alias de ‘Jesús Santrich’,  ingresó a las filas del Frente 19 de las Farc en su brazo armado que operaba en Sucre.

Como militante de las Farc ha estado ligado a las estructuras del Caribe (en zonas como la Sierra Nevada, los Montes de María y Córdoba) y el nororiente del país (Serranía de Perijá), pero también estuvo en el Caguán durante las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana.

Se ha especulado sobre una degeneración ocular de Santrich, el cual se encarga primordialmente de las comunicaciones y propaganda de la guerrilla a través de la red clandestina de emisoras de las Farc como la Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia de la cual es uno de sus fundadores.  Esta emisora surge después de la 8ª Conferencia de las FARC y sobre todo desde el año de 1995.

En el 2008 publicó un libro denominado “Cuentos y Diez Relatos Tayronas” sobre los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

Luego de la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y Farc en Cartagena, el fiscal Martínez había indicado que los delitos que cometan las Farc tras la firma del acuerdo serán objeto de investigación, acusación y condena “únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario”, hecho por el cual estos temas serán de uso exclusivo de la Fiscalía General.

Frente a delitos que por su naturaleza son de ejecución continuada, señaló, como reclutamiento de menores, conservación de plantaciones ilícitas, extorsión, narcotráfico, entre otros, “iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, serán de competencia de la Fiscalía General sí se prolongan en el tiempo con posterioridad a dicha vigencia”.

Sobre el tema de los bienes se advierte que los guerrilleros que suscriban el acuerdo final deberán entregar sus bienes antes de la entrada en vigencia. “El patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado”, precisó Martínez, debido a esto los subversivos deberán informar sobre la existencia de los mismos.

De no hacerlo incurrirán en el delito de lavado de activos y otras conductas punibles. El ente investigador tendrá las facultades para rastrearon los bienes y adelantar el respectivo proceso de extinción de dominio de los bienes que no sean entregados. Por el momento no hay fecha exacta sobre la entrada en vigencia de los acuerdos.

“Sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía, de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes, debe tenerse presente que cualquier acto que lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodia o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen”, precisó.

Finalmente, la Fiscalía General se comprometió a entregar oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar a los guerrilleros frente a los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado interno. “Velará celosamente porque sea efectivo el derecho a las víctimas a la no repetición”.

“La Fiscalía ha dispuesto lo pertinente para actuar en el territorio como guardián jurídico de los compromisos adquiridos y judicializará con todo rigor cualquiera conducta penal que escape a la palabra empeñada por las Partes, en defensa de la integridad de los ciudadanos y de los propios colombianos reincorporados a la vida civil”, precisó.