Consejo de Estupefacientes avaló fumigación con glifosato

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El órgano aprobó el uso manual del cuestionado agente químico para destruir los cultivos de coca.

El año pasado la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la “probable” relación del glifosato con el cáncer. La noticia desató un gran debate nacional pues en Colombia no sólo es uno de los herbicidas más utilizados en la industria agrícola sino el centro de la lucha contra los cultivos ilícitos.

Tan sólo un mes más tarde del anuncio de la OMS, el presidente Santos dio la orden de suspender las fumigaciones aéreas. Hoy, casi un año después de esa decisión, el Consejo Nacional de Estupefacientes le devuelve a la Policía Nacional el permiso para utilizar el cuestionado herbicida pero con algunas condiciones: sólo lo podrá hacer con fumigación directa; implementar un protocolo de seguridad; proponer un plan de manejo ambiental que tendrá que ser avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; que se lleve a cabo una evaluación a la prueba piloto que realiza la Policía Antinarcóticos desde finales del año pasado en Chocó y Nariño.

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La suspensión de las aspersiones aéreas nunca cayó bien en las Fuerzas Armadas. Desde hace un año los altos mandos reclamaban el derecho a usar el herbicida en su estrategia de guerra contra las drogas. Una guerra que en 2015 no iba por buen camino. De hecho, según un informe de la Casa Blanca el año pasado las hectáreas cultivadas con coca alcanzaron las 159.000, una cifra que no se veía desde el 2007 y que representa un aumento del 42 por ciento con respecto a los cultivos registrados en el 2014.

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Al menos seis meses tomaría a la Policía Nacional cumplir con estos requisitos y regresar con su batallón de fumigadores.

Según Daniel Rico, exasesor de Política Antinarcóticos del Mindefensa y miembro de la Fundación Ideas para la Paz, la aspersión manual no resulta efectiva, esencialmente, por los costos humanos y económicos que generaría. Con esa estrategia, dice, esperan erradicar siete hectáreas diarias por grupo móvil, cada uno conformado por treinta personas que deben ser desplazadas en un helicóptero. Y el costo por hora de una de esas aeronaves rodea los $18 millones. Para lograr las siete hectáreas, se requieren unas siete o nueve horas al día. “¿No será mejor, en vez de erradicar, invertir ese dinero en operativos de incautación o en desmotar redes de narcotráfico”?, se pregunta.

De acuerdo a Rico, una de las principales dificultades que puede tener esta estrategia es el hecho de que los cultivos de coca hoy se han esparcido en diferentes lugares de territorio colombiano y no están concentrados en un solo sitio.

Unas de las cifras con las que Rico respalda sus argumentos, la publicó en la Silla Vacía, enun texto escrito en compañía de Julián Wilches, ex-director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia. Según ellos, entre 2003 y 2004 se erradicaron de manera manual y se fumigaron 1,8 millones de hectáreas. La reducción neta, dicen, apenas fue de 15 mil hectáreas. “Los resultados son muy pobres y los costos sociales, económicos, institucionales y ambientales son muy altos”, aseguran.

Pero más allá de que los costos que pueda tener la estrategia que implementará el país de ahora en adelante, a varios expertos que prefieren no dar su nombre, les causa inquietud que la fumigación con glifosato se apruebe justo el día en que se estaba posesionando el nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño. Al parecer, ni él ni el nuevo ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, fueron tenidos en cuenta por el Consejo Nacional de Estupefacientes, cuando ambas carteras hacen parte de él.