El caso se relaciona específicamente por sus nexos con parapolíticos. Según la Sala de Casación Penal, se probó la «alianza del ex representante a la Cámara con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá», así como con el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar.

Esos nexos se dieron, según la Corte, cuando esos grupos ilegales hicieron presencia en la región del Caquetá, entre los años 2001 y 2006.

«De acuerdo con los hechos comprobados en el expediente, los exmilitantes de estos dos grupos de autodefensas convinieron con Almario Rojas promocionar dichas organizaciones como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona, para lograr notoriedad como consecuencia de su expansión, someter a la población y ganar espacios sociales y políticos», dice la sentencia.

Según los magistrados, en el proceso se demostró que el político se asoció para delinquir y promover las Autodefensas, y recibió contraprestaciones de ese pacto. Todo esto se concertó en reuniones del excongresista con integrantes de los grupos paramilitares.

Esos pactos entre políticos y grupos al margen de la ley «configuraron maneras muy particulares de cooptación del Estado, con la finalidad de usar la función pública al servicio de la causa paramilitar y promover la acción del grupo ilegal».

Contra Almario Rojas aún queda pendiente otro proceso en la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con el asesinato de la familia Turbay Cote, de la que hacían parte sus principales opositores político en el Caquetá.

El crimen fue cometido por las Farc y presuntamente instigado por Almario.