Hace  dos  años , el 19 de febrero de 2014 miles de porteños, vestidos de blanco, salieron a las calles de Buenaventura para el ‘Entierro de la violencia para vivir con dignidad’.

Era una marcha  para clamar no más muertos y más inversión social en la ciudad. Hoy, dos años después,  los bonaverenses marchan de nuevo, porque están al borde del desespero con unos índices impresionantes de  violencia y criminalidad  nunca antes  vistos en este municipio costero.

Pese al esfuerzo de los gobiernos la delincuencia de campea por sus calles. el creciente desempleo y la corrupción de sus gobernantes   y dirigentes aún deja secuelas graves en un puerto que produce riqueza  y sus gentes  viven en la más completa  miseria.

Los miembros del Comité Por la Marcha -un grupo de líderes de diferentes sectores sociales, apoyados por la Iglesia- citaron de nuevo a los porteños para que salgan a las calles. La caminata iniciará a las 8:00 a.m.  desde el Kilómetro 5, en la  parroquia del Divino Niño, frente al Sena y se espera una asistencia de al menos 20mil personas.

Dicen los líderes que, pese a las acciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía,  la violencia sigue. Los homicidios, según cifras de la Policía, bajaron de 175, en 2014,  a 77, en 2015, pero el miedo sigue en varios sectores, especialmente de la Comuna 12, donde hay un nuevo enfrentamiento entre grupos ilegales por el control de la zona.

En las últimas semanas, se presentó un caso de un joven desmembrado en este sector, además de grafitis anunciando la llegada de otro grupo y con letreros de ‘Fuera Sapos’. La Policía ha reportado dos casos en los que rescata a jóvenes, que supuestamente iban a ser secuestrados para luego ser asesinados.

Los miembros del Comité de la Marcha insistieron en la necesidad de declarar la emergencia social para Buenaventura y  la creación de una comisión permanente de acompañamiento y seguimiento a los compromisos, promesas y obligaciones del Gobierno.

Debido a la petición de los porteños, el defensor nacional del Pueblo, así como delegados del Gobierno, entre los que se encontraba uno de los viceministros de Defensa, acudieron a una reunión en  Buenaventura par analizar la situación.

Visita del Defensor

“El sentir de la comunidad no es igual al que demuestran las cifras”, fue la principal conclusión del Defensor Nacional del Pueblo, Alfonso Cajiao,  tras la reunión con líderes de la ciudad y un recorrido por varios sectores afectados.

Mientras la cifra de la reducción de homicidios para la policía es del 46 %, la comunidad continúa con la zozobra de la presencia de grupos armados ilegales en sus barrios, según la Defensoría del Pueblo, aún hace falta por hacer en Buenaventura en materia de seguridad e intervención social.

“La Policía, la Armada y el Ministerio de Defensa han presentado cifras, pero analizamos en terreno”, dijo   Cajiao e  insistió en que hace falta mayor compromiso más allá de la intervención que se realizó hace dos años.

El Defensor realizó  un recorrido en el barrio Unión de Vivienda de la Comuna 12. “Hemos recibido denuncias y trasladaremos estos casos”, aseguró. “Es bueno que vengan hasta acá y se den cuenta como nos toca vivir, y que vean que la situación es complicada”, dijo uno de los líderes de la zona.

  La situación, han denunciado varios líderes, ha llevado a que aproximadamente 40 familias del barrio Nuevo Amanecer se hayan desplazado en los últimos meses. Además, la llegada de un nuevo grupo que, al parecer, se desplazó desde otras comunas, ha generado una confrontación entre estos y la agrupación que hacía presencia en este sector.

Líderes han denunciado que continúan los ‘boleteos’ y las amenazas de violencia sexual contra sus hijas.

Un documento del Comité de la Marcha denunció que “en lo  corrido del año se han encontrado dos fosas comunes, dos desmembrados, continúan las fronteras invisibles en todo el territorio del Distrito; en algunos barrios de la Comuna 12 le están dando plazo de hasta tres minutos a varias familias para que abandonen el barrio”.

Por su parte, Sigifredo López, consejero regional del posconflicto, dijo que “Buenaventura es una bomba social si el Gobierno no interviene en los jóvenes y en la generación de empleo”.

La salud

 

La educación de  mal en peor

Los líderes denunciaron  que “la educación no mejora, las instituciones están en muy malas condiciones, el nivel académico está por debajo de  3,5 según pruebas Saber 2015. El Sena no aumentó la cobertura ni la formación pertinente y la construcción 

de la nueva sede de Buenaventura no arranca”.

También aseguraron que  “a la Universidad del Pacífico no se le asignan los recursos requeridos para el cumplimiento de su misión en la región y se cierne sobre ella una intervención del Gobierno nacional”.