Los 7 mecanismos de reparación a las víctimas

Familiares de víctimas de “la Escombrera”, en Medellín, recibieron los restos de sus seres queridos en el marco del programa de recuperación de desaparecidos en el conflicto.

El acuerdo sobre el punto quinto plantea un reconocimiento colectivo de responsabilidades, la contribución al desminado, la identificación de los desaparecidos y la restitución material a los afectados.

Beatriz* es una madre cabeza de hogar a la que la violencia ha golpeado en distintas circunstancias. Su historia evidencia que nuestra guerra no solo tiene dos bandos, sino que por más de 50 años la violencia que se ha vivido en Colombia tiene varios actores y muchos victimarios.

El drama para Beatriz empezó en 1995 cuando se vio forzada a abandonar las tierras en las que vivía con su familia a causa de las constantes asonadas de violencia por parte de “los grupos de ese entonces de izquierda (Farc)”. Así salió de la zona de San Juan Nepomuceno, en los Montes de María, hacia Montería.

De la capital de Córdoba tuvo que huir en el 2000 después de que grupos paramilitares asesinaran a su esposo rumbo a María La Baja (Bolívar), siendo nuevamente desplazada en 2004 por los “grupos de derecha” (paramilitares).

De regreso a San Juan Nepomuceno, donde actualmente vive, pierde a su hijo mayor en 2007, “asesinado por los grupos de Bacrim, como ya les decían en ese momento”.

La experiencia de Beatriz y la poca o nula ayuda que ha recibido del Gobierno a través de los años, le hace ver con escepticismo el acuerdo sobre víctimas que se firmó el pasado martes con las Farc en La Habana.

“Soy como escéptica porque el Gobierno dice que va a reparar, que si las personas que hicieron tanto daño no tiene con qué, pues el Gobierno va a asumir eso. Pero entonces uno ve que hay tantas garantías para ellos y ellos son las personas que tienen a este país como está. Uno no entiende por qué tanta complacencia y tanto consentimiento para ellos y para las víctimas no”, dice Beatriz.

Ahora, con la firma del punto de víctimas en La Habana, casos como el de Beatriz tienen la oportunidad de ser resarcidos. El Gobierno tiene el reto de garantizar que la correcta implementación del acuerdo lleve a una verdadera reparación de la población afectada por el conflicto.

El acuerdo plantea siete formas de reparar a las víctimas que van desde la realización de actos públicos de perdón, hasta la reparación material del patrimonio, todas encaminadas a cumplir las promesas de las dos partes: Poner a las víctimas en el centro del acuerdo de paz.

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Reconocimiento a la Responsabilidad

El primer compromiso asumido por el Gobierno y las Farc es la realización de actos formales, públicos y solemnes en los que todas las partes que hayan tenido alguna incidencia en el conflicto “reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado”.

Dichos actos serán convocados por el Gobierno, “lo antes posible, después de la firma del Acuerdo Final” y contarán con la coordinación de la Conferencia Nacional Episcopal, Diálogo Intereclesial por la Paz (Dipaz), garantizando la participación de las víctimas para que se satisfaga lo más posible sus expectativas.

Los actos se realizarán tanto a nivel nacional como territorial.

Medidas concretas de reparación

Todos quienes hayan violado los derechos humanos en el marco del conflicto deberán contribuir a la reparación para acogerse a cualquier beneficio que contemple la Jurisdicción Especial de Paz.

De esta manera, las Farc se comprometieron a reparar a las víctimas mediante acciones concretas que incluyen reconstruir la infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto, participar activamente en los programas de desminado, sustitución de cultivos ilícitos, contribuir a la búsqueda y recuperación de los desaparecidos y la participación en programas de reparación al daño ambiental, “como por ejemplo la reforestación”.

Reparación colectiva

El Gobierno fortalecerá los procesos de reparación colectiva e impulsará una reforma rural integral con enfoque reparador. En el país y los territorios se impulsarán PDET (planes de desarrollo rural con enfoque territorial), que tendrán como criterio de las zonas en donde se pondrán en marcha el nivel de victimización y afectación de los territorios. Estos planes incluirán medidas materiales y simbólicas para resarcir los daños causados y mecanismos para promover la convivencia y la reintegración de los desmovilizados a la vida civil. Las organizaciones comunitarias y de víctimas tendrán una amplia participación en la formulación de los PDT y podrán ejercer veeduría de los mismos.

Rehabilitación psicosocial

Ampliar la cobertura y elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social es el principal compromiso del Gobierno sobre este punto. Sus objetivos a mediano y largo plazo son contribuir a la reconciliación, a la reintegración de excombatientes a la vida civil y al acompañamiento de las víctimas en sus procesos de rehabilitación emocional. Las estrategias de rehabilitación se coordinarán con el trabajo de la Comisión de la Verdad e incluirán la creación de espacios de diálogos y duelos colectivos, y la promoción de pactos de convivencia pacífica en las comunidades que incluyan a víctimas y victimarios, entre otras medidas.

Retorno de desplazados y reparación a víctimas en el exterior

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La implementación del primer punto de la agenda, “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, jugará un papel fundamental en los programas de retornos colectivos de desplazados y víctimas en el exterior. Estos programas tendrán un enfoque territorial y de género y se apoyarán en los procesos de restitución de tierras y reparación colectiva por parte del Estado. Para los planes de retorno se priorizarán las zonas en las que se implementen los PDET, que estarán coordinados con los planes de desminado y restitución de cultivos. Para las víctimas en el exterior se adelantará un proceso de “retorno acompañado y asistido”.

Restitución de tierras

Los procesos de restitución de tierras, según lo pactado, tendrán un fortalecimiento que pasará en primer lugar por la articulación con los procesos de reparación colectiva, los PDET y los planes que deriven de la implementación del Acuerdo Final. Así mismo los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones) deberán participar activamente en el proceso de restitución, vinculando dentro de los planes de desarrollo programas para la atención integral de la población beneficiada y la inversión en infraestructura y servicios públicos. Los beneficiados de la restitución contarán con acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Participación en la política de víctimas

La actual política de reparación a las víctimas se adecuará bajo los parámetros del acuerdo sobre el punto cinco y el Acuerdo Final. Para tal fin se buscará la mayor participación posible de las víctimas en formulación e implementación de los programas pactados en este acuerdo. Se construirá un mapa de la victimización para contribuir al esclarecimiento de la verdad, se reconocerá a los combatientes (Farc y Fuerza Pública) como víctimas de violaciones a los derechos humanos y el DIH. Así mismo se ampliará y fortalecerá el Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, garantizando la financiación plena de estos programas. En este punto las Farc se comprometen a reparar materialmente (dinero) a las víctimas según disponga la JEP.