Procuraduría solicitó anular proceso contra magistrado Jorge Ignacio Pretelt

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El recurso fue radicado ante la Plenaria de la Cámara de Representantes  en donde  hoy se decide si se o acusa o no  formalmente ante la plenaria al  aforado.

La Procuraduría General radicó un recurso ante la Plenaria de la Cámara de Representantes para anular el proceso que se adelanta en contra del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub por presuntamente solicitar 500 millones de pesos para seleccionar y fallar favorablemente una acción de tutela presentada ante la Corte Constitucional por la empresa Fidupetrol S.A.

En la acción se manifiesta que se ha presentado una vulneración al derecho del debido proceso, los principios de contradicción y doble instancia «limitando de manera arbitraria los derechos propios» de la defensa del magistrado. En este sentido se señala que no se le permitió radicar los recursos que establece la ley para solicitar la nulidad del auto de resolución de acusación.

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Para el Ministerio Público existen irregularidades en el trámite del caso en la Cámara de Representantes hecho por el cual se debe anular todo lo actuado.

En repetidas oportunidades la defensa de Pretelt Chaljub ha manifestado que no se le ha permitido la presentación de pruebas para demostrar su inocencia.

En la denuncia radicada en abril del presente año por el entonces magistrado Mauricio González Cuervo se argumentó que su colega habría hecho esta solicitud de dinero para favorecer las pretensiones de la fiduciaria que buscaba revocar un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó el pago de una multa de 34 mil millones de pesos.

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Por primera vez el caso de un magistrado de alta corte llega hasta el pleno de la Cámara, que agendó para hoy la decisión de si acoge o no la propuesta del representante investigador del caso, Julián Bedoya.

La Comisión de Investigación de la Cámara votará a favor o en contra, el escrito de acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el presunto delito de concusión, al supuestamente pedir coimas a cambio de influir en un fallo de tutela relacionado con la compañía Fidupetrol en ese alto tribunal, caso que estudió la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.